Fiscal y censor (y encima sustituto)

Leo en la prensa y en los diarios digitales, que son los que más credibilidad me merecen, dicho sea de paso, que el inclito Ministro de Injusticia, digo de Justicia, tiene previsto modificar la legislación para que no se pueda informar de los juicios en marcha.

Yo mismo he sido –y soy- victima de ataques por medios de comunicación social que son la voz de su amo, o que simplemente están con el que manda, pero la noticia me parece una auténtica notitia criminis, es decir, la información de un hecho presuntamente delictivo, por muy legal que sea, pero en cualquier caso totalmente ilegitimo.

Es cierto que en otros países, en Francia por ejemplo, se prohíbe la publicación de cualquier información sobre los procesos en marcha, precisamente para evitar los juicios paralelos, y las condenas “televisivas” de los acusados, atentando totalmente contra el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los encausados, que no condenados.

E incluso en el caso de los condenados, parece evidente que siguen teniendo tales derechos, y que no puede hacerse mofa o escarnio de los mismos, haciéndoles desmerer socialmente y ante si mismos, un día si y otro también, por obra y gracia de las telebasuras, que en España tanto abundan, los periódicos amarillos, que lo son casi todos, etc.

La corrección a posteriori de los excesos de los medios de comunicación social es posible e incluso deseable, a través de los procedimientos penales o civiles correspondientes, pues estamos hablando de la defensa de derechos fundamentales. Pero lo que no tiene mucho sentido es que se amordace a los citados medios, exigiéndoles a priori que no publiquen ninguna información sobre un determinado caso o asunto, como recientemente hizo una jueza –o juez- de Barcelona, en un asunto relativo al señor Udanga, digo Urdangarín, el todavía marido de la hija del Rey.

Desconozco el contenido concreto del auto correspondiente, por lo que no puedo ni debo opinar, pero lo que si me parece escandaloso es que hasta los Fiscales, es decir, la voz de su amo, puedan ejercitar el citado “derecho”… Teniendo en cuenta que la fiscalía está organizada jerárquicamente, que al Fiscal General del Estado le nombra el Congreso, en el que tiene mayoría el Gobierno de turno, es decir el partido dominante, etc., parece obvio considerar que obedecerán siempre las órdenes recibidas, so pena de que les busquen las vueltas.

Y teniendo en cuenta que una buena parte de los fiscales son fiscales sustitutos –yo mismo he tenido el honor de serlo durante más de una década de mi vida profesional-, que sus nombramientos son anuales, y que pueden ser cesados “libremente”, con un simple informe desfavorable del fiscal jefe correspondiente –nombrado a dedo-, parece evidente que no gozan de ninguna imparcialidad y objetividad, en defensa de la legalidad y el interés general.

¿O es que la legalidad para el señor Gallardón, fiscal de carrera (con sólo tres meses de ejercicio profesional), pero político de profesión, es solamente lo que quiera el Gobierno del PP?

Si este proyecto sale adelante, se enterrarán muchos casos de corrupción, sin que los ciudadanos nos hayamos enterado, siquiera, de su existencia…