Ramiro Grau: «Esto lo ha de conocer el presidente»

Rodeado de estanterías atiborradas de libros de Derecho y bajo la vibrante luz de un flexo que ilumina su pequeño despacho, el abogado Ramiro Grau abre un sobre blanco e introduce varios documentos. Es un día de diciembre de 2020. La pandemia del coronavirus ya ha matado a cerca de 50.000 personas en España. Él, preocupado por la gestión que se hace de los fondos públicos, cree haber descubierto una trama de corrupción en torno al ministro José Luis Ábalos. En la cabeza de Ramiro resuena la misma idea una y otra vez. «Esto lo ha de conocer el presidente», murmura. «Sánchez no puede vivir a espaldas de este escándalo. Le están robando a España y él no lo sabe».

Ramiro introduce en el sobre las denuncias que ha ido poniendo ante la Fiscalía de Zaragoza, ante el Supremo… También incluye la fotocopia de varios artículos de denuncia que ha ido publicando en distintas webs, así como la demanda en su cobra que pocos días antes le ha puesto la gran beneficiada, Soluciones de Gestiones, una empresa de Zaragoza, como él, que en 2019 no facturó ni un euro, pero que acababa de cerrar varios contratos para la venta de mascarillas con distintas administraciones socialistas por valor de 53 millones. La compañía pide que Ramiro Grau pague 60.000 euros por mancha su imagen.

Por último, Ramiro mete una nota manuscrita en la que se lee: «Esto hay que investigarlo (…) Esta trama tiene apariencia delictiva y existen indicios racionales de criminalidad (…) Esto huele muy mal. Ruego que lo investiguen».

Luego, se lleva a la lengua el borde del sobre sin cerrar, lo sella con saliva y baje a la calle para introducirlo en un buzón de Correos. La dirección, «el Palacio de La Moncloa, S/N, 28071, Madrid». Ramiro, muy creyente, fía su suerte a los deseos de Dios.

Este es el principio de una historia que prosiguió con cinco cartas más de Ramiro Grau «poniendo en alerta» a La Moncloa, desde donde, según él dice, nunca le contestaron ni le mandaron un acuse de recibo, y que ha desembocado en un vendaval político que ya ha salpicado de lleno a un ex ministro socialista, José Luis Ábalos -hoy diputado del Grupo Mixto y expulsado de su partido- y a la presidente del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol. En el centro de la investigación se sitúa el antiguo chófer y escolta de Ábalos, Koldo García Izaguirre.

Por el camino, con un título que ahora suena a premonitorio, este abogado maño publicó, en noviembre de 2021, el libro Ábalos Jaque Mate. Era la segunda edición. La primera, en realidad, se llamó El virus socialista de Ábalos: Canchullos del dinero público. En Ábalos Jaque Mate aporta varios de aquellos artículos de denuncia que mandó a Pedro Sánchez, las negativas de la Fiscalía de Zaragoza y del Tribunal Supremo a investigar, y contratos públicos en favor de la trama corrupta orquestada en torno a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL.

Ese esfuerzo de investigador silencioso casi le cuesta la vida. El 15 de agosto de 2021 sufrió un ictus. Él lo atribuye al estrés de saberse en el punto de mira «de unos mafiosos» que querían, dice, callarle para que la opinión pública no pusiera el foco sobre «sus tejemanejes con la gente de Ábalos».

Se pasó cuatro meses ingresado en un hospital zaragozano. Por ese tiempo ya había recibido una segunda demanda. Esta vez, del administrador de la sociedad sospechosa. José Ángel Escorial, uno de los 20 investigados ahora en la Audiencia Nacional. Le pedía 150.000 euros de indemnización. En sus artículos en su blog, Ramiro Grau le llamaba «comisionista».

La otra demanda le llegó un año después, el 1 de junio de 2022, cuando Ramiro ya había cambiado el título de su libro a Ábalos Jaque Mate y estaba en fase de rehabilitación tras el ictus. Fue una sorpresa para este abogado. Ahora el demandante era el «mismísimo» Ábalos, que esta semana se ha aferrado a su escaño y permanecer aforado. Le exigía una indemnización de 70.000 euros. En ese momento ya no era ministro, pero presidía la Comisión de Interior en el Congreso, como recuerda en su demanda, a la que Crónica tiene acceso. Acusó a Ramiro Grau de atentar contra su derecho al honor y a la intimidad personal por referencias a él y a José Luis Escorial como «la extraña pareja».

El abogado de Ábalos señala sobre su cliente en la demanda: «Asume la crítica por dura y áspera, pero no quiere decir que tenga que soportar falsas acusaciones de conductos delictivas». Y añade, a modo de advertencia: «Prevenir a don Ramiro Grau Morancho para que en lo sucesivo se abstenga de realizar actos semejantes referidos a don José Luis Ábalos Meco».

Este pasado jueves, en su despacho, Ramiro Grau cuenta que su última carta a La Moncloa la envió «a principios de 2023». En ella, además de recordarle el caso al presidente, contó que Ábalos le había demandado: «Me cansé de no recibir nunca ni una mísera respuesta. Pero fui un ingenuo», reconoce. «Esa última misiva era un brindis al sol. Entendí que el propio Gobierno sabía de sobras lo que estaba ocurriendo. Pero no había que mover el avispero. ¿Cómo iba a investigar al hombre que le había servido de muleta para alcanzar la secretaría general de los socialistas y la presidencia del Gobierno? Ábalos era su mano derecha y casi la izquierda».

«Las demandas me hicieron sospechar aún más»

Las primeras dos demandas que le llegaron a Ramiro Grau fueron un acicate para «seguir investigando» por su cuenta. «Si no me llegan a demandar, igual me olvido de ellos. Pero que primero me demandara la empresa que se había llevado más de 50 millones en contratos para abastecer de mascarillas al Ministerio de Transportes, al de Interior, al Gobierno balear y al de Canarias, y que luego me demandara su administrador, me hizo sospechar aún más. Querían ponerme una mordaza. Pero la mierda, cuanto más se remueve, más huele».

Ramiro ganó ambos juicios. Sus demandantes tienen recurridas las sentencias. «Ya te digo que lo único que buscaban eran silenciarme. Yo nunca les he atribuido la comisión de delitos directamente. Sólo he pedido que se investigue y he subrayado mis sospechas».

El pasado 21 de febrero, la Guardia Civil detuvo a Koldo García, quien había sido asesor de Ábalos en los ministerios de Fomento y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cargos que ocupó entre junio de 2018 y julio 2021. La lupa de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción se había puesto en el desmedido incremento de patrimonio de García en poco tiempo, 1,5 millones de euros en dos años. Había comprado tres pisos en Benidorm, entre otros bienes.

Ese mismo día, el que fuera su jefe se muestra «estupefacto», y se dice desconocedor absoluto de la trama. Pero la investigación ha acreditado que un hermano de Koldo, Joseba García, le habría entregado varios dosieres a Ábalos sobre la investigación que se seguía en torno a él por el presunto cobro de comisiones ilegales.

Este pasado jueves, EL MUNDO desveló que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Ábalos como «intermediario» de una trama que se habría embolsado 9,7 millones de euros en comisiones. Los investigadores aportaron a la causa las imágenes de seguimiento de una reunión que Koldo García y Ábalos mantuvieron en una marisquería de Madrid. Fue una cena, el pasado 10 de enero, entre las 21.15 y las 22.20 horas.

El encuentro, según la UCO, obedecería a la reclamación del Gobierno de Baleares de 2,6 millones sobre el pago de 3,7 millones que el Ejecutivo de Francina Armengol hizo en 2020 a la trama a cambio de 1,4 millones de mascarillas que nunca utilizó por falta de calidad. Koldo García quería tratar el asunto con el ex ministro.

Este viernes, el PP pidió la dimisión de Francina Armengol, cuyo Gobierno certificó por escrito en agosto de 2020 que las mascarillas defectuosas que había comprado a la trama de Koldo eran completamente «satisfactorias». Lo hizo pese a que el Ejecutivo autonómico balear contaba desde hacía dos meses con un informe interno que lo advertía de que el millón y medio de unidades que había comprado mediantes pactos «verbales» no podían ser usadas para suministro hospitalario.

A pesar de esta alerta, que llevó el Gobierno de Armengol a la retirada fulminante de la mercancía por parte de las autoridades sanitarias y su almacenamiento en una nave industrial, su Ejecutivo expidió un certificado de calidad a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL. Es decir, a la compañía que está siendo investigada. O lo que es lo mismo: a quienes en su día demandaron al abogado Ramiro Grau por ponerlos en la diana de la sospecha.

En un oficio al que Crónica también acceso, fechado el 11 de septiembre de 2023, el magistrado Ismael Montero, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y que investiga una posible organización criminal con ramificaciones en el blanqueo de capitales y el tráfico de influencias, acuerda que se digitalicen una serie de documentos que se incorporan a la causa. Destacan cinco, los números ocho, 10, 14, 20 y 42. Son documentos «presentados por D. Ramiro Grau Morancho».

En su afán por conocer la verdad y que se investigase el caso en torno a José Luis Ábalos, este abogado también había mandado varios documentos a la Fiscalía Anticorrupción, alertando de una posible trama de comisiones en la compra de mascarillas. No sólo los envío a La Moncloa. También informó mediante varios correos electrónicos a la UCO, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la ex diputada de Vox Macarena Olona. «En 2022, ya recuperado del ictus, denuncié en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Me dijeron que lo iban a investigar».

– Si le hubiera prestado atención Pedro Sánchez a sus cartas… -le plantea el reportero al abogado zaragozano, que en dos semanas cumplirá 67 años.

– Caso o no, ahora me doy cuenta de que el presidente ya sabía lo que había. Por eso creo que no es el caso Koldo. Es el caso Ábalos. O el caso Pedro Sánchez.

– Ramiro, usted sufrió un ictus durante este tiempo que ha estado enfocado en conocer más detalles sobre este trama. Lo atribuye a la presión que recibió a través de esas demandas. ¿Lo volvería a hacer? ¿Volvería a denunciar los hechos?

– Por supuesto que sí. Yo creo que en el Estado de Derecho, en las leyes. Soy abogado, aunque ya jubilado, y nunca he dejado de confiar en los jueces.

POR ANDROS LOZANO

Publicado en El Mundo (03/03/2024)