Por la boca muere… el juez

Cuando cursé Derecho, los profesores de derecho procesal nos explicaban que las jueces únicamente deben manifestarse por sus autos y sentencias. Y que el resto del tiempo debían permanecer silentes, y lo más anónimos y desconocidos posibles, para evitar toda clase de interferencias, presiones, “recomendaciones” de asuntos, etc.

Pero ese día el magistrado Llanera seguramente no pudo ir a clase, o dejándose llevar por su bonhomía y extremada educación, contestó a un impertinente periodista una pregunta capciosa, una pregunta trampa, acudiendo al anzuelo que tan hábilmente le echaron.

Posteriormente, un abogado marrullero, o un traductor “tradictore”, hicieron el resto.

El coste, por ahora, es de más de medio millón de euros. ¡Quien fuera abogado en Bélgica del Estado español, o de lo que queda de él!

Una ministra de “justicia”, o para presionar a la justicia, se negó a pagar la defensa del buen juez, manifestando que eran declaraciones privadas, y los asuntos privados se los paga cada cual.

Al parecer sangraba por la herida, pues ella había tenido que defenderse civilmente de una demanda del abogado don José Luis Mazón, por un asunto que desconozco, y sobre el cual nada debo decir, por tanto, además de que no viene al caso.

Pero es que, además, esta señora es fiscal, y no juez, y no es mismo ejercer un poder del Estado, como sucede con los jueces, a ser un simple funcionario con manguitos, en este caso con puñetas, y en ocasiones hasta con muchas puñetas, como sucede con los fiscales… (Sé que a ellos esta “distinción” les molesta mucho, pero es la pura y dura realidad).

A priori, resulta evidente que el Estado no puede hacerse cargo de la defensa de sus 5.500 jueces, y cerca de 3.000 fiscales, entre otras cosas porque sería una ruina, si bien es cierto que hay seguros de asistencia jurídica que cubren cualquier contingencia, a un precio abusivo, por supuesto…

Pero la distinción entre actuaciones jurisdiccionales o profesionales, y privadas, no deja de tener sentido.

Y más en estos tiempos que corren, en que tanto el CGPJ como los TSJ y la FGE se han provisto de unos gabinetes de comunicación, destinados a intoxicar a la opinión pública cuando preciso fuere… (Rectifico, en que estaría yo pensando: destinados a facilitar información sobre los procesos en curso, medidas que se adopten, etc.).

Plazas cubiertas prácticamente a dedo, mediante unos concursillos de quita y pon, en la mejor tradición administrativa española. ¡Y con la posibilidad de ser cesados en cualquier momento, si le caen mal al mandamás de turno, presidente del supremo, del tribunal superior de justicia correspondiente o de la fiscalía general, etc.! (España es ansí).

Yo soy una persona muy habladora, excesivamente parlanchina, y siempre creo que lo mejor es aplicar aquella máxima que tan bien le hubiera ido al muy digno, muy profesional, y muy valiente magistrado Llanera: “el hombre (léase el juez) es dueño de sus silencios, y esclavo de sus palabras”.

Dicho lo cual, este gobierno solo acierta cuando rectifica. El juez Llanera tiene Derecho a ser defendido por el Estado español., pues él es parte del Estado, como miembro del poder judicial de España, en el ejercicio legítimo de sus funciones.

No solo eso, sino que de seguir adelante este asunto, España debería llamar a consultas a su Embajador en Bélgica, y denegar todas y cada una de las extradiciones que proponga esa especie de país, totalmente dividido en dos, y al que solo mantiene unido una ficción de Corona (más o menos como en España, dicho sea de paso).

Y, por supuesto, denunciar lo sucedido ante las autoridades de la Unión Europea.

Publicado en El Correo de Madrid (09/09/2018) y Alerta Digital y Heraldo Sanitario de Oregón (10/09/2018)