Procuradores, servicios profesionales y competencia

No es verdad que el buen paño en el arcón se vende. Y conozco grandes profesionales que son desconocidos para el público, y auténticos incompetentes que “triunfan” socialmente, pues salen mucho en prensa y televisión. Y profesiones totalmente prescindibles, como los Procuradores de los Tribunales.

Y digo esto a riesgo de no encontrar Procurador que quiera representarme, como ya le pasó a un despacho de abogados de una capital de provincia española, que tuvo que acudir a los Tribunales para que les habilitasen procurador, ante la negativa de todos los profesionales de la ciudad a representarles.

Lo cierto es que vengo sosteniendo desde hace una década, al menos, no la desaparición del procurador, que siempre será necesario, especialmente cuando el pleito se siga en ciudad distinta a la que tenga su despacho el abogado, pero si, al menos, la voluntariedad de su utilización.

Esta mañana he acudido a los juzgados de lo contencioso administrativo de Zaragoza, servidos por magistrados muy trabajadores, eficaces y competentes, por cierto, y he recogido unas notificaciones. ¿Para que necesito un procurador, si resido en la misma ciudad, y no me supone ningún problema ser notificado en persona?

Ahora bien, recientemente tuve que acudir como abogado a un tribunal de campanillas, en Madrid. El procurador correspondiente, me esperó en la puerta del órgano, me acompañó a la sala de vistas, “calentó” el asiento mientras yo hacía las alegaciones procedentes, y luego fuimos a tomar café. ¿Era necesario? Pienso que no, aunque al no residir en Madrid, me viene bien para presentar escritos, recibir notificaciones, etc.

Con la proyectada nueva ley de servicios profesionales, el anterior (des)gobierno quiso cometer una de sus últimas fechorías: terminar con la colegiación obligatoria, lo que suponía, a medio y largo plazo, la desaparición de los colegios, o al menos su reducción a simples asociaciones de profesionales.

Parece ser, según la prensa e informaciones varias de internet, que se excluirían de dicha “desregularización” los profesionales jurídicos y sanitarios, en atención precisamente a las importantes funciones que tienen encomendadas en estos ámbitos. ¿Y es que los ingenieros de caminos, canales y puertos, los aeronáuticos o los veterinarios, por ejemplo, no tienen altas responsabilidades que atender…?

Yo propongo que se aproveche la ley, si es que vuelve a presentarse por el actual gobierno, y se suprima la obligatoriedad de utilizar procuradores en la práctica totalidad de los procedimientos judiciales, quedando en voluntarios. Con ello se conseguirían dos objetivos básicos:

–      Reducción de costes para el litigante, que no tendría que soportar el pago a dos profesionales, sino solamente a uno, en la mayoría de los casos, y,

–      La introducción de la competencia en el sector, ya que sólo sobrevivían, profesionalmente hablando, los mejores.

Para lo cual, evidentemente, tendría que suprimirse el arancel, ya que mientras todos sigan cobrando lo mismo por idénticos conceptos o servicios, no hay competencia posible, y da lo mismo acudir a un buen profesional que a un procurador incompetente.

Si desean mayor información sobre estos temas, aunque ya está algo desfasado, pueden consultar mi libro “Procuradores, Debate sobre la Representación Judicial”, publicado por editorial Dykinson, Madrid, 2005.