Los empresarios del caso Koldo ante el juez: «Ninguna administración nos recriminó los precios»

Dos de los empresarios imputados en el caso de las mascarillas ligado a Koldo García presumieron ante un tribunal de Zaragoza de la limpieza de los contratos con administraciones gestionadas por el PSOE que les reportaron 17 millones de euros en beneficios, tras 54 millones públicos facturados, caso que investiga la Audiencia Nacional. Tal como recogen los vídeos de la declaración judicial que desvela OKDIARIO, Íñigo Rotaeche y José Ángel Escorial aseguraron que no recibieron ningún reproche de los ministerios o de los gobiernos autonómicos por los altos precios de las mascarillas. Por el contrario, se vanagloriaron de recibir «certificados de satisfacción».

Los responsables de Soluciones de Gestión SL, la principal empresa investigada por la Audiencia Nacional por embolsarse comisiones millonarias tras los contratos de empresas públicas de los ministerios de Transportes e Interior y de las administraciones autonómicas de Baleares y Canarias, iniciaron varias costosas demandas judiciales por, en total, 280.000 euros contra el primer denunciante del caso. El abogado zaragozano Ramiro Grau, en abril de 2020, publicó varios artículos sobre los «chanchullos» detrás de estos contratos millonarios. Esto no gustó a los empresarios y le llevaron ante la Justicia.

Finalmente, en marzo, la Audiencia Provincial de Zaragoza desestimó la demanda y confirmó los indicios de irregularidades. Los jueces determinaron que esas contrataciones «incumplían de principio a fin todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública, aun en supuestos de emergencia». Afeaban ese encargo a un «operador completamente desconocido». «La actividad que venía realizando no guardaba relación alguna con el suministro de mascarillas». El proyecto sanitario para la construcción de un consultorio médico en Angola en 1998 –con otros administradores societarios– en una unión temporal de empresas «no son elementos suficientes para valorar experiencia y solvencia alguna».

Por el contrario, Rotaeche y Escorial comparecieron como testigos, con obligación de decir la verdad, y trataron de defender a capa y espada el prestigio de la empresa que ahora está en el ojo del huracán. «Nuestras mascarillas cumplían los estándares», dijeron ante los jueces, apuntando que las certificaciones fueron variando semana a semana. A pesar de que, por ejemplo, Baleares detectó que las mascarillas eran fake y que el Ministerio de Transportes –a través de Salvamento Marítimo– detectó 5.300 unidades defectuosas de un total de 7.500 mascarillas que recibieron, Rotaeche defiende: «Hubo un periodo transitorio donde se podían comercializar mascarillas que no fueran del marcado europeo, en concreto KN95 de China o con la certificación coreana o de Estados Unidos».
Por otra parte, aseguraron sin rubor que tenían implementado «un sistema de prevención y detección de delitos con el consiguiente manual de cumplimiento llevado a cabo por tercera persona ajena a la empresa».

Rotaeche descartó que estemos ante «contratos a dedo», a pesar de que se adjudicaron de forma discrecional. Por su parte, Escorial se molesta cuando le tildan de «comisionista»: «Soy licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. Tengo un máster por la Universidad de Navarra y entre 2008 y 2015 fui accionista de Soluciones de Gestión y presté servicios».

«Estamos al corriente de pago»

Otro de los argumentos en tela de juicio era el que sostenía que estuvieran al corriente de pago. «¿Tiene Soluciones todos los requisitos para contratar con la Administración Pública, estando al corriente de pago tanto de Seguridad Social como de Agencia Tributaria y demás administraciones públicas? Sí, en el momento de la contratación, en el estado de alarma y en la actualidad». Sin embargo, la compañía había defraudado más de 800.000 euros a Hacienda antes de las operaciones con Koldo García como mediador. Entre 2019 y 2022 aceptaron varias inspecciones de Hacienda.

Rotaeche y Escorial, en esta declaración judicial en 2023, sostenían que «todas las cuentas de Soluciones de Gestión SL son públicas y están auditadas, aunque no sea obligatorio». Sin embargo, actualmente el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Los empresarios ahora imputados aseguraron que no les constaba ningún procedimiento penal. En todo caso, un año antes, en marzo de 2022, el PP de Isabel Díaz Ayuso ya había llevado sus contratos ante la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio público investigó el caso y en febrero de 2024 presentó una querella que dio pie a las detenciones.

Otro de los momentos de máxima tensión entre el entonces demandado Ramiro Grau y los empresarios fue en relación al PSOE. Escorial le reprochó: «Sé que se contrató con el Gobierno de Baleares. No sé si es socialista o de qué color es. Se contrató una serie de suministros de mascarillas y se cumplió». En la misma línea, su abogado expuso: «Ha tenido falta de diligencia. No se puso en contacto con nosotros ni consultó con el Portal de Transparencia, ya que toda su preocupación era una contratación socialista. Nosotros no estamos al servicio de un determinado partido u otro». Sin embargo, todas las contrataciones parten de gobiernos de la formación encabezada por Pedro Sánchez.

Por último, la fiscal del caso preguntó a Escorial si las publicaciones en medios de escasa difusión de Ramiro Grau sobre los «chanchullos» de Soluciones de Gestión habían afectado a su actividad, y Escorial tuvo que reconocer: «Los artículos no afectaron a la actividad comercial. En principio, pues no, efectivamente, los contratos que se habían firmado sí se pudieron hacer». Por todo ello, los empresarios se llevaron un primer revés de la Justicia y se concluyó que las contrataciones tenían agujeros negros susceptibles de penas de cárcel.

FERNÁN GONZÁLEZ 

Publicado en OK Diario (23/04/2024)