Las ridículas penas de inhabilitación en el caso de los EREs son una burla al Estado de derecho

Comenzaré por el principio, agradeciendo al sindicato Manos Limpias, con la firma de don Miguel Bernad Remón, la denuncia inicial del posteriormente llamado “caso de los ERES andaluces”.

Denuncia que cayó en el juzgado de instrucción que regía, con guante de terciopelo, y mano de hierro, la magistrada-juez doña Mercedes Alaya, a la que en cualquier país civilizado se la condecoraría con la más alta distinción, en este caso la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, a los méritos sobresalientes en la administración de Justicia.

Esta señora tuvo que sortear durante varios años toda clase de ataques, personales, que posiblemente son los que más duelen, pues nos afectan en nuestra esfera íntima de la vida, profesionales, siendo insultada a la entrada de los juzgados por grupos de “sindicalistos”, corruptos y vividores de las ayudas públicas, de los que tanto abundan, en Andalucía y en todas partes.

Tuvo que llevar escoltas, la Junta de Andalucía, de la que la PSOE, esa gran “empresa” cleptómana del dinero público, se había apropiado, le denegó en reiteradas ocasiones personal auxiliar, se intentó –o consiguió- entrar en sus sistemas informáticos, creo que hasta su propia casa fue asaltada, etc.

El coraje y valentía de esta señora es digna de todo elogio, y como ya digo, en cualquier país serio, sería distinguida y condecorada, mientras que aquí el “caso de los ERES” será más un baldón en su brillante carrera profesional, que otra cosa.

Se la intentó apartar del caso, por el expeditivo sistema de la patada hacia arriba, diciéndole que concursase a una plaza de magistrada de la audiencia provincial de Sevilla, a la que tenía legítimo derecho, y que luego el CGPJ le iba a autorizar que permaneciera en el juzgado de instrucción de procedencia, que creo era el núm. 6, en comisión de servicios, para acabar la instrucción, pues poner a otro juez supondría una gran demora, ya que tendría que estar meses y meses estudiando los autos, todo lo cual redundaría en la prescripción de parte de los delitos, etc.

La realidad fue justamente lo contraria: nada más obtener plaza de magistrada en la audiencia provincial, la “mizquierda” judicial española intrigó para poner al frente del juzgado a una “no juez”, socialista pérdida, íntima amiga de altos cargos de la Junta de Andalucía, cuya labor ha consistido básicamente en tres cosas:

• Coger prolongadas bajas, para que fuera pasando el tiempo, y que prescribieran el máximo de delitos posibles, levantando la imputación –ahora investigación- a muchos implicados, etc.
• Escribir su tesis doctoral, que ya ha defendido, pues al parecer estaba enferma, pero no para sus “asuntos propios”, y
• Poner a parir a doña Mercedes Ayala, enfrentándose con la fiscalía, que muy dignamente ha terminado denunciándola, estando el asunto en el CGPJ, de lo que deduzco que dada la alta politización de ese organismo, y el “miedo” de muchos de sus integrantes a un gobierno de extrema izquierda como el actual, al final se va a quedar en nada…

En definitiva, entre Manos Limpias y doña Mercedes Ayala, fueron llevando el asunto adelante, chocando con todos y contra todos.

Un mes después de la denuncia de Manos Limpias, compareció en el procedimiento el partido político PP, llamado también el “partido para ayudar”, o el “partido podrido”, pues olió sangre, y vio la posibilidad de sacar tajada, con un uso torticero del Derecho, que debería estar prohibido.

Y al final, hasta la fiscalía se tomó interés por el asunto posiblemente porque no les quedaba más remedio, ante la gravedad y evidencia de los hechos…

Yo mismo dediqué un modesto artículo al asunto, que pasó sin pena ni gloria, como todos mis escritos, en el que advertía de la gravedad del caso, y de la que necesidad de que fuera debidamente investigado. (Voy a ver si lo encuentro y lo “republico”, pues es francamente premonitorio).

Pero como los políticos no son tontos, y son ellos quienes redactan y aprueban los Códigos Penales, resulta que las penas a imponer, en la mayoría de los casos, han sido realmente irrisorias, y totalmente injustas, ante la gravedad del latrocinio del dinero público, ¡encima destinado a los parados, para más inri!

La inhabilitación para ocupar cargos públicos siempre ha sido una pena accesoria, que se impone además de la principal, es decir de los años de cárcel correspondientes…, excepto para determinados delitos cometidos por políticos, jueces y fiscales, a los que no se condena a penas de prisión, por delitos de una gran gravedad, en una situación de auténtico privilegio, y únicamente se les inhabilita.

¿Qué sentido tiene inhabilitar a gente, más bien gentuza, que ya están al final de sus vidas, jubilados, con setenta o más años, y realmente, por simples razones de edad, no van a volver a ocupar cargo público alguno…?

Para mí resulta evidente que los ERES fueron un instrumento de financiación delictiva de un partido político llamado PSOE, y que ese partido, con todos sus bienes y derechos, embargando las subvenciones y ayudas públicas que recibe, etc., debería responder por la totalidad del dinero sustraído, 680 millones de euros de nada, es decir, unos ciento quince mil millones de las antiguas pesetas, nada menos. (Seguramente es mucho más, pero la labor “destructora” de la propia Junta de Andalucía, de la Juez actual, etc., van minorando el asunto, de forma que no sería de extrañar que al final la sociedad española le debiera dinero “a la PSOE”).

Y, cómo es obvio, y está establecido legalmente, que se proceda al embargo de los bienes de los ahora condenados, una vez que la sentencia sea firme, para cubrir el principal, los intereses de demora y las costas correspondientes, en su caso.

Pero nada de ello se hará… Ya están diciendo las televisiones públicas “que será imposible recuperar el dinero robado”, ¡y se quedan tan pachos! (Hay que ir preparando a la opinión pública, digo, a los borregos, para que asuman como “inevitable” el latrocinio de esos 680 millones de euros).

Total, ¿qué son 680 millones de eneros, o ciento quince mil millones de pesetas, comparado con la inmensidad del Océano…?

Al fin y al cabo, más se perdió en Cuba, y aquí seguimos, esperando la próxima destrucción del Estado español, ¡y tan contentos!

Mi gratitud a don Miguel Bernad y al sindicato Manos Limpias, a la muy digna y competente magistrada doña Mercedes Alaya, y a la fiscalía de Sevilla, pues creo que han dejado muy alto el pabellón de la Justicia en España.

Y mi total y absoluto desprecio hacia los políticos corruptos, y los tontos útiles que finalmente van a ir a prisión –y eso en el mejor de los casos-, que dicho sea de paso eran los ejecutores materiales de los delitos, pero no sus autores intelectuales, que solo serán inhabilitados para ocupar cargos públicos, cuando ya están camino del úrico juicio verdadero, el Juicio de Dios…

(Que cómo han vivido como cerdos, y comido como tales, están sanos y lustrosos, seguramente tardará unos años en celebrarse, pero no cabe duda de que así será, pues solo hay dos males de los que no podemos librarnos en la vida: el PSOE y la muerte).

Publicado en El Correo de Madrid, El Diestro y Heraldo de Oregón (22/11/2019)