El ex fiscal Ramiro Grau critica la ofensiva judicial del Gobierno en Cataluña: “Está negociando con delincuentes políticos y económicos”

Si se consuma el referéndum ilegal del domingo, el Estado de Derecho habrá sido derrotado y España dejaría de regirse por un sistema de leyes escritas e instituciones ordenado en torno de una Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a las normas de esta. Lo anterior contrasta con las acciones emprendidas por los secesionistas sin que medie una norma jurídica. De la gravedad del momento hemos conversado con el ex juez, ex fiscal y profesor universitario en la Universidad de Zaragoza, Ramiro Grau.

-Cómo jurista, ¿qué lectura hace de los acontecimientos que se viven en Cataluña?

Ayer asistimos todos los españoles a un auténtico espectáculo político, de los que producen vergüenza, propia y ajena. Siempre he dicho que para que los demás te respeten, te tienes que hacer respetar, ya que difícilmente podrás conseguir el respeto ajeno, si tú mismo no respetas tu cargo, profesión y rango.

Después de asumir el Gobierno de España la coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en Cataluña, al todavía presidente de esa comunidad no se le ocurre otra cosa que convocar la “junta de seguridad autonómica”, que parece ser llevaba ocho años sin reunirse. Lo lógico es que el Gobierno no hubiera asistido, por lo menos en mi opinión, ya que si España asume la coordinación, no tiene ningún sentido que el presidente regional que, conviene no olvidarlo, es el jefe de los conspiradores y separatistas, quiera asumir el mando, y dar órdenes a las fuerzas policiales.

Pero el Gobierno, en un gesto benévolo e incluso ingenuo, decide asistir, y no solo eso, sino que envía a un alto cargo, concretamente el secretario de Estado de Seguridad, el número dos del ministerio, otros dicen que el tres, con un rango equivalente a un viceministro. Este señor asiste a la tensa reunión, y tras exhortar al Presidente de la Generalidad para que suspenda la celebración del referéndum, Puigdemont le dice que de eso nada, y que van a seguir adelante con la consulta, pasándose las resoluciones del Tribunal Constitucional por el forro del pantalón.

-¿Qué tendría que haber hecho el secretario de Estado de Seguridad?

Lo lógico hubiera sido que el secretario de Estado de Seguridad, que representa al Gobierno de España, abandonase la reunión, pero no señor. Siguió allí, como si tal cosa, haciendo el paripé, con los golpistas y sediciosos, auténticos delincuentes políticos y económicos, pues están malversando cientos de millones de euros para el proceso independentista. Dinero público que debería destinarse a sanidad, educación, servicios sociales, etc., y no a tirarlo en sus veleidades separatistas.

Y, para postre, los representantes del gobierno van a almorzar a un restaurante, y allí son increpados e insultados por una “señora” separatista, que al parecer estaba reunida con un grupo de independentistas, preparando su hoja de ruta para el próximo domingo.

Estoy seguro de que el secretario de Estado, el delegado del Gobierno en Cataluña, y demás altos cargos iban acompañados por varios escoltas. ¿Cómo no se procedió a la detención, o por lo menos a la identificación de esta individua, omito el calificativo de señora, pues resulta evidente que no lo es,, y se la denunció, bien por conducto gubernativo, o incluso ante la autoridad judicial? Tanto la legislación administrativa como el código penal protegen debidamente a quienes tienen el carácter de Autoridad.

-Lo de ayer nos parece una nueva prueba de que el Gobierno de España es incapaz de hacerse respetar

En efecto, por lo que habría que preguntarles entonces de qué se quejan. España era un Estado de Derecho, pero ahora somos un Estado de desecho.

-¿Qué opina de las soluciones judiciales del Gobierno?

En mi opinión, Rajoy echa balones fuera, como es su costumbre, como buen gallego. Los jueces no pueden afrontar esta situación, primero por falta de medios, y en segundo lugar porque en España los delincuentes tienen más derechos que las personas honradas, además de la tardanza de las resoluciones judiciales. Pueden pasar años hasta que haya sentencias condenatorias, en su caso, pero entonces Cataluña ya será un estado independiente, y les dará exactamente lo mismo. Es más, negarán la competencia de los tribunales “extranjeros”, es decir españoles, para juzgarles. Y en el fondo no les faltará razón.

-En su condición de ex fiscal, ¿comparte la estrategia del Gobierno de utilizar a la fiscalía  como si fuera parte del poder judicial?

Otra falacia, ya que los fiscales dependen del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y al fiscal general le designa el gobierno, es decir, en estos momentos el PP controla la fiscalía. Esta alambicada y retorcida maniobra de hacer que la fiscalía adopte las decisiones que el gobierno no se atreve a tomar, es un castillo de naipes, y se caerá por su propio peso.

Los Mozos desobedecerán, de forma pasiva, las órdenes recibidas, y no van a colaborar en nada con la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino todo lo contrario.

-Recientemente, el Gobierno nombró a un a un coronel de la Guardia Civil para coordinar a todos los cuerpos policiales de cara a evitar el referéndum. ¿Está de acuerdo?

Me parece absurdo poner al frente de la situación a su simple coronel de la guardia civil, con todo mi respeto hacia los coroneles, por supuesto, cuando al frente del cuerpo en Cataluña hay un general de Brigada. El Mayor Trapèro comanda a casi 18.000 hombres, que se sienten ninguneados y maltratados por los políticos del PP, y en el fondo, no les falta razón.

-¿Y cómo puede enderezarse esta situación?

La única forma de enderezar la situación sería, en mi opinión, aplicar la ley de seguridad nacional, y nombrar a una alta autoridad del Estado, un teniente general o un general de División de la Guardia Civil, con un Estado Mayor formado por generales, jefes, oficiales y suboficiales de la Benemérita, para que se hicieran con el control de los Mozos.

-Y si los Mozos no obedecen las órdenes…?

En ese caso hay dos soluciones: Expediente disciplinario y suspensión inmediata de empleo y sueldo. Y, en los casos más graves, detención y puesta a disposición de la autoridad judicial, suspeniéndoles también e empleo y sueldo.

Y por supuesto, destituir a toda la politizada cúpula actual, y ponerles a patrullar por las calles, poniendo multas de tráfico, que seguramente es para lo único que sirven, aunque tengo mis dudas.

Publicado en Alerta Digital (29/09/2017)