Las togas rojas están en guerra contra el gobierno
La fiscalía es una institución bastante opaca, pero tal vez no haya otro remedio. Los asuntos que llevan entre manos requieren mucha prudencia, pues se puede acabar con el prestigio y la honorabilidad de una persona por un quítame aquí estas pajas…
Cualquier filtración a los medios de comunicación social, que muchas veces actúan como voceros de intereses bastardos (quiero pensar que sin ser conscientes de ello), puede acabar con una brillante carrera, y algún fiscal jefe debe de pensar, si llega a leer este artículo, que tengo toda la razón.
Hay muchas cosas oscuras en el mundo judicial y fiscal, y aunque en el caso de los juzgados (no me atrevería a decir de los jueces), ya nos hemos acostumbrado a las filtraciones, un día sí y otro también, no sucede lo mismo con una casa tan cerrada como es la fiscalía.
Pero, por lo visto, se está imitando el proceder judicial en todo, hasta en lo malo.
Hoy, 1 de junio, por ejemplo, leo en Voz pópuli que el abogado de don Rodrigo Rato ha denunciado la presunta filtración por parte de un fiscal de datos de sus asuntos judiciales… Ignoro si es cierto, obviamente, pero algún tipo de información tendrá al respecto, antes de atreverse a denunciar o quejarse de todo un señor fiscal, o fiscala, esa palabreja que me parece tan horrorosa.
¿Se está perdiendo el miedo a la fiscalía…? Pues ya era hora. Una cosa es que no se les pueda recusar, tal y como establece el estatuto orgánico del ministerio fiscal (también llamado el misterio fiscal), y otra bien distinto es que no sean funcionarios, como cualquier otro, y por lo tanto sujetos a la triple responsabilidad: administrativa o disciplinaria, civil, y penal.
Para los que hemos trabajado en esa institución, tan denostada en los últimos años, siempre nos ha llamado la atención la “colonización” de la misma por las huestes socialistas y giliprogresistas, desde el famoso “Pollo del Pinar”, don Eligio Hernández, que tuvo que dimitir unos días antes de que el Tribunal Supremo fallara que no cumplía los requisitos legales para acceder el cargo (15 años de profesión jurídica de verdad, no como gobernador civil), o el inefable Conde Pumpido, que burocratizó la fiscalía a imagen y semejanza del poder judicial, de forma que ahora ya casi hay más jefes que fiscales de a pie…
Y todo ello seguido de la creación de numerosas fiscalías especiales, que lo único que han servido ha sido para romper la tradicional cadena de mando, y crear guetos donde unos determinados fiscales, generalmente de izquierdas, han actuado al albur de su libre albedrío, haciendo poco más o menos lo que les ha dado la gana.
Muchas veces utilizando la fiscalía como ariete como determinados partidos políticos o ideologías, tan respetables como cualquier otra, al tiempo que se aminoraba la presión sobre los “amigos”, o siguiendo criterios de oportunidad y conveniencia se investigaban exhaustivamente, y ad nauseam, unas cosas sí, y otros no tanto.
Pero llegó el fiscal don Manuel Moix a poner orden en semejante desorganización, y una buena parte de sus teóricos subordinados, se revolvieron contra él. ¡Hasta ahí podríamos llegar!
Qué razón tenía un viejo fiscal jefe cuando decía que estaba en contra de la creación de fiscalías especializadas, pues se iba a perder la unidad del Ministerio Fiscal, además de generarse todas estas disfunciones en el funcionamiento ordinario de la casa.
En fin, veremos en que queda todo esto, pero en principio hay algo que parece evidente: ¡que se vayan olvidando los fiscales de ser los instructores de los procesos penales! No creo que la opinión pública, ni la publicada, lo admitieran fácilmente, y más ahora que vamos conociendo todas estas interioridades, propias de un patio de vecinos mal avenidos.
Las togas rojas están consiguiendo sus objetivos: permanecer en sus puestos de combate y desprestigiar al enemigo, es decir, a los compañeros… ¡Hay que seguir luchando contra el PP, que total, solo han ganado las elecciones generales, y eso no les legitima para ocupar el poder! Nosotros tenemos la superioridad moral de la izquierda, armados de nuestra doble moral: progresistas de salón y burgueses en la intimidad…
Publicado en Catalunyapress (01/06/2017), Alerta Digital y Heraldo Sanitario de Oregón (02/06/2017) y Blog de Abogados España (17/07/2017)
Así es. Hay una fiscalía, dentro de la fiscalía, cuya principal obsesión y preocupación ES CARGAR CONTRA EL GOBIERNO DEL PP, pues les mueve su ideología política.
El hecho de que los fiscales -o los jueces- no puedan pertenecer a partidos políticos, no quiere decir que no tengan ideologías políticas…
Un retrato muy clarividente de lo que sucede actualmente en la fiscalía, prácticamente dividida en dos grupos: los pro gubernamentales, y los anti gubernamentales.
¡Y así no creo que nadie, en su sano juicio, piense en encomendarles la instrucción de algo tan sensible como la instrucción de los procesos penales, donde se juegan nuestros derechos y libertades básicas, empezando por la propia libertad personal, o en l ingreso en prisión, al albur del fiscal de turno…!
Señor Grau, me extraña mucho que no hable usted nada de la gran presencia del Opus Dei en la Institución, ocupando todos los puestos relevantes…
La verdad es que desconozco si el actual Fiscal General pertenece o no a la Obra, pero si le puedo asegurar que la práctica totalidad de los miembros de la secretaría técnica, la inspección fiscal, fiscales superiores y fiscales jefes, etc., son miembros del Opus, bien como numerarios o como supernumerarios.
¿No le parece una auténtica barbaridad, pues supone que UNA SOCIEDAD SECRETA domine, de facto,los resortes de una de las Instituciones Constitucionales más importantes, como es la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (más bien del gobierno)…?
La fiscalía no es que sea una Institución OPACA, como dice el articulista, sino que es SECRETA, pues hace lo que le da la gana, sin informar a nadie de la «motivación» de sus actuaciones.
Ellos dirán que su actuación es DISCRETA, como dice la Obra de sus miembros, a pesar de que reciben la «sugerencia» de no identificarse nunca como miembros del Opus Dei, SALVO CON OTROS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN.
La fiscalía ostenta el segundo poder más grande del Estado, EL PODER DE ACUSAR.
Los jueces ostentan el primer poder, que es EL PODER DE CONDENAR…, pero ni siquiera pueen condenar sino hay una acusación constituida, y en el 90% de los casos, ÚNICAMENTE ACUSA EL MINISTERIO FISCAL.
Ergo SE IMPONE CONTROLAR AL OPUS DEI, digo A LA FISCALÍA, aunque muchos pensarán que para el caso, es lo mismo…
Suscribo íntegramente las aportaciones de Antonio y Ramón respecto a la infección de la Fiscalía española por el Opus Dei.
Próximamente publicaré una carta remitida a los Embajadores Representantes Permanentes de los Estados miembros de la Unión Europea, que denuncia esta grave situación -2/3 de jueces y más de 8 de cada 10 fiscales están vinculados a la secta Opus Dei-, la quiebra del Estado de Derecho (rule of law), e insta la adopción de medidas urgentes por parte del Consejo Europeo, tal como ha sucedido días después con Polonia a raíz de la reforma legislativa de nombramiento a dedo para altos cargos judiciales.
Don Magí, si lo desea, puede incluirla en un comentario suyo sobre este asunto, o en cualquier otro de los artículos que hemos dedicado al tema de la FISCALÍA ESPAÑOLA.
Gracias por su colaboración.
1. La fiscalía no puede trabajar de espaldas a los ciudadanos, a la sociedad española en su conjunto.
2. Y muchos menos controlada por un grupo de presión, pseudoreligioso, una verdadera secta, llamada Opus Dei, u Obra de Dios (o de Demonio, vaya usted a saber).
3. En democracia no deben existir INSTITUCIONES TOTALMENTE OPACAS A LOS CIUDADANOS. No es admisible, y atenta contra LOS DERECHOS DE TODOS LOS ESPAÑOLES.
La INFILTRACIÓN DE UNA SOCIEDAD SECRETA, COMO ES EL OPUS DEI, posiblemente sea uno de los mayores problemas que tiene actualmente la «administración de justicia española».
Al respecto, no estaría de más recordar el art. 22, 5, de la Constitución:
«Se prohíben LAS ASOCIACIONES SECRETAS…».
Es verdad lo que usted dice, pero la Constitución también tiene un art. 16 que establece lo siguiente:
«1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades…
2. NADIE PODRÁ SER OBLIGADO A DECLARAR SOBRE SU IDEOLOGÍA, RELIGIÓN O CREENCIAS».
¿Cómo se «conjuga» lo uno con lo otro…?
Ningún derecho es absoluto. Cuando se produce colisión de derechos fundamentales deberán ponderarse las circunstancias concurrentes para determinar cual prevalece.
Considerando que estuviera en juego el derecho a la libertad religiosa y el derecho fundamental al proceso debido, en su vertiente del derecho a un tribunal independiente e imparcial (arts. 24.2 CE, 6.1 CEDH), en todo caso, el conflicto deberá dirimirse a favor de este último.
Así, ante la sospecha fundada de conflicto de intereses en el juzgador por su relación con una organización secreta –como es el caso de la secta católica Opus Dei–, instada declaración de vínculos o durante el incidente de recusación, el derecho a no declarar ideología, religión o creencias cederá frente al valor superior Justicia.
El art. 22, 5, de la Constitución de 1978 establece que:
«Se prohíben LAS ASOCIACIONES SECRETAS y las de carácter para militar».
Ahora bien, eso es lo que dice el ordenamiento jurídico español, pero LA SOCIEDAD SACERDOTAL DE LA SANTA CRUZ Y OPUS DEI, que tal es la denominación oficial de la OBRA, está acogida a la personalidad jurídica como Estado del ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO, con lo cual entiendo que no es de aplicación la Constitución española.
Ergo, ¿cómo puede obligarse a los miembros de una persona jurídica reconocida por El Vaticano A DECLARAR EN ESPAÑA SU PERTENENCIA A LA MISMA, a los efectos de posibles ABSTENCIONES, RECUSACIONES, etc?.
Parece evidente que todos podemos pertenecer a lo que queramos, clubes de maricones o sociedades de lesbianas incluidas, siempre que sean legales, o estén formados por mayores de edad, pero resulta obvio QUE NO PODEMOS DEJAR QUE ACUSEN Y JUZGUEN PERSONAS PERTENECIENTES A UN GRUPO SECTARIO SECRETO, que además pretenden imponer su particular concepción de la vida y de la sociedad a todos los demás…
Yo entiendo poco de asuntos judiciales o legales, oues soy lega en lamateria, pero si que noto que ahora los secretos de sumario, no son secretos y que hay mucha filtracuon interesada y siempre en perjuicio de una parte, aunque creo que quien siempre sale perjudicado es la ciudadania de a pie y observo que hay jueces que interpretan la ley de una manera muy partidista, como si cada juez segun sea el juzgadoo actor, se aplica una parte de la ley rebuscada para su absolucion o condenacion, pero lo peor de todo es cuando los periodistas saben antes que el ciudadano que lo van a detener, si se inhabilitara a TODOS los que tiene que ver con esa filtracion se acabaria tanto paseillo de Teldiario
Hay una IZQUIERDA JUDICIAL Y FISCAL que es de cuidado.
¡Claro que también hay una DERECHA JUDICIAL Y FISCAL DE EXTREMA DERECHA, OPUSDEISTA, ETC!