Abogados artesanos y abogados fabricantes de pleitos

Hablo mucho con mi hijo, estudiante de tercero de Derecho, pero solo cuando él quiere hablar, que ya se sabe que los padres somos una farmacia abierta 24 horas, además de un cajero automático, para los hijos. Hace unos días le comentaba que no me gustan nada esas nuevas firmas de abogados que han ido surgiendo al calor de las demandas contra la banca y las extintas cajas de ahorros, los productos altamente dañinos para los clientes, los fraudes a los consumidores y usuarios, etc., ya que ponen las demandas como churros, con un formulario al que únicamente hay que añadir los datos del cliente correspondiente, contribuyendo así al próximo colapso judicial, al menos en la jurisdicción civil.

¡Y a la ruina de muchas firmas medianas, por la gran carga de las costas judiciales, pues esas demandas se han formulado sin mediar gestión amistosa o extrajudicial previa alguna!, deslegitimando así el papel tradicional del abogado, que no consiste en crear problemas, sino en hacer todas las gestiones posibles para solucionarlos.

Mi hijo discrepaba de este punto de vista, y me decía que no se podía ser un “abogado artesano”, como yo, que perdía mucho el tiempo con los clientes, y que había que tratarlos como eso, como clientes… ¡Y que no era problema mío evitar los pleitos, llegar a acuerdos extrajudiciales, etc., sino que había que llevar todo al juzgado, pues eso podía suponer mayores ingresos!

En otras palabras, su visión de la abogacía es la que se está imponiendo hoy en día: una empresa de servicios como cualquier otra, en la que únicamente se busca tener el máximo número de clientes, y poner pleitos a lo loco, aunque sean insostenibles, no tengan fundamento jurídico alguno, o el cliente vaya a ver rechazadas sus pretensiones, y pueda acabar condenado en costas.

En su opinión, ese no es “mi problema”, como tampoco tiene que preocuparse el abogado de evitar los juicios. Y si hacen falta más jueces, pues que convoque más plazas a oposición el Estado, o siga nombrado jueces sustitutos a los opositores fracasados…, más o menos como hasta ahora. (Preferiblemente enchufados, familiares, personas a las que se ha preparado para una oposición que les viene grande, muy grande, etc.).

Yo discrepé, y sigo discrepando, pues creo que la abogacía tiene una función social, que es precisamente evitar los litigios, lo que puede parecer una contradicción en los términos, pero creo que no es así.

La dignificación de la profesión, y su prestigio y relevancia social creo se conseguirá por esa vía, no interponiendo demandas como churros, todas idénticas, de formulario, sin saber si tienen un fundamento jurídico real o no, simplemente por probar, a ver qué pasa, y que opinará cada uno de los 5.500 jueces que tenemos en España…

Ese tipo de abogados y de abogacía, que encima es el que está triunfando actualmente en España, quiero pensar que a medio y largo plazo está condenado al fracaso.

Y si no es así, habrá que ir pensando en colgar la toga y dedicarnos a otra cosa…

Para concluir, esta judicialización de la práctica totalidad de los problemas sociales, significa un fracaso de las diversas instituciones públicas que viven a nuestra costa, y parasitan de los presupuestos generales del Estado y de las varias administraciones públicas, y que han demostrado su total ineficacia e incompetencia: Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, CNMC, Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, Servicio de Reclamaciones del Banco de España, Defensor del Pueblo e Instituciones similares en la mayoría de las comunidades autónomas, direcciones generales de consumo (una por región), los cientos de asociaciones de consumidores que se nutren de la teta pública, y que en la práctica no sirven para nada, etc.

Publicado en Heraldo Sanitario de Oregón (01/06/2017), Sierra Norte Digital (02/06/2017) y Blog de Abogados España (09/07/2017)