Los delitos de odio o la dictadura de lo políticamente correcto

Los llamados delitos de odio hacen su entrada en nuestro ordenamiento penal de la mano del PP, faltaría más, siempre en su papel de tontos útiles del sistema, siendo ministro de injusticia un tal Ruiz Gallardón, fiscal de carrera, pero político de profesión.

En la reforma del Código Penal de 2015, teniendo el PP mayoría absoluta, encima, se introducen en nuestro ordenamiento jurídico estos delitos, que son utilizados como ariete para la persecución de los grupos políticos o ideológicos minoritarios, y la extensión, por tierra, mar y aire, del “buenismo político”, consistente en las imbecilidades de la etapa zapateril: todos somos hermanos (pero no primos), la tierra es del viento, y otras chorradas similares.

Consiguientemente se pretende perseguir a quienes mantengan o sostengan ideas contrarias a estos ideales masónicos de la sociedad. Una sociedad de los bienpensantes, pero que viven en urbanizaciones de lujo, sus hijos se forman en colegios de élite, alternan en clubs que son auténticos cotos cerrados, y no tienen ninguna relación con los inmigrantes o extranjeros, salvo como servicio doméstico, y eso en el mejor de los casos.

¡Así se puede ser solidario!

Sobre todo cuando no necesitas ninguna ayuda social, ni tienes que ver como se da preferencia a los extranjeros, antes que a los españoles de origen, para dar esos subsidios, subvenciones, prestaciones, comida, ropa, etc., por parte de las diversas administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales, que en realidad deberían llamarse gubernamentales a secas, pues todas viven mayoritariamente del dinero público.

La Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica el Código Penal de 1995 (el llamado Código Belloch, promulgado por el biministro socialista, de Interior y de Justicia), establece en sus artículos 510, 510 bis, 511, 512 y 515, numerosas penas, de hasta cuatro años de prisión, para quienes inciten, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo social o contra una persona determinada por motivos racistas, antisemitas, o relativos a la orientación e identidad sexual, pertenencia a una etnia determinada, nación, raza, etc.

En otras palabras, el bien jurídico protegido realmente es indeterminado e indeterminable, y queda al albur de cualquier fiscal o juez ávido de protagonismo social, o de “hacer méritos”, el acusar o condenar a cualquier persona que haga algún tipo de manifestación pública que se aparte de lo que podríamos llamar “políticamente correcto”.

Así ha sucedido, por ejemplo, con el llamado caso Blanquerna, o más recientemente con la organización Hazte Oír al recordarle a la sociedad algo tan obvio, y de derecho natural, como que un hombre es un hombre, y una mujer es una mujer…

O el caso de don Pedro Varela a quien secuestran quince mil libros que tenía a la venta en la Librería Europa, de su propiedad, en Barcelona, y todo el fondo de la Editorial Ojeda, también de su titularidad, dejando en la calle a varios empleados, entre ellos el propio Varela. (Supongo que así creerán que contribuyen a la mejora de la economía, disminución del desempleo, aumento de la recaudación fiscal, cotizaciones a la seguridad social, etc.).

Esta nueva “catalogación delictiva”, totalmente politizada, como puede entreverse, ha generado la creación de una nueva especialidad en las fiscalías, los llamados “fiscales contra el odio”, aunque hay quienes hablan de los “fiscales del odio”, cuya principal función, parece ser, es acabar con todos estos disidentes políticos, que se apartan del “buenismo zapateril”, que tanto éxito ha tenido en la reciente historia de España.

¿Hacia dónde nos lleva esta nueva legislación?

Pues nada menos que hacía la persecución penal y la criminalización de los que piensan diferente, que están en contra de la lenta pero constante –nueva- invasión de España por los musulmanes (espero que yo no esté delinquiendo ahora mismo, por ejemplo), la necesidad de priorizar a los españoles frente a los extranjeros a la hora de obtener empleos, prestaciones y ayudas sociales, si no queremos desaparecer como pueblo, etc.

Digamos que, al igual que en los regímenes comunistas (tal vez no estemos muy alejados de ellos) se persigue penalmente a los disidentes políticos, a los que hay que “reformar”.

Y, por supuesto, no puede negarse el holocausto judío en la segunda guerra mundial, pues ello es materia de fe. Es parte del dogma del nuevo orden mundial…

Se puede dudar de la existencia de Dios; podemos opinar si preferimos la república a la monarquía; también decantarnos por ser agnósticos o ateos…, pero lo que nunca podremos hacer es cuestionarnos la versión oficial de la segunda guerra mundial, por ejemplo, o que los comunistas no asesinaron a miles de sacerdotes y monjas católicas durante la guerra civil española. ¡Acojonante!

Espero que, con el tiempo, los jueces y tribunales atemperaran los efectos de esta nefasta legislación, pero no cabe albergar grandes esperanzas, sobre todo a la luz de sentencias extremadamente duras, como la del caso Blanquerna, por ejemplo. O la actuación manu militari contra la librería Europa y ediciones Ojeda…

En fin, y sin perjuicio de volver sobre el asunto, para no hacer este artículo excesivamente farragoso, soplan malos vientos para la libertad de expresión, la libertad de opinión e incluso la libertad ideológica, por lo menos si se pretende manifestarla públicamente. Vamos camino de una “dictadura de lo políticamente correcto”, ante el desinterés general, lo que no es de extrañar, en un pueblo compuesto mayoritariamente por ganado ovino, y algunos cabrones..

Se quiere acabar con la disidencia, el pensamiento independiente, las opiniones contrarias, etc., y para ello se utiliza el derecho penal. Como bien dice el catedrático don Francisco Javier Álvarez García en el Prólogo al Código Penal publicado por la editorial Tirant lo Blanch: “…sí esa reforma se caracteriza por algo es por la abrogación del Principio de Legalidad…”.

Y continua diciendo: “¿Qué escenario se nos puede presentar dentro de unos meses?… no es la mejora de la convivencia ciudadana lo que impulsa la reforma… no sólo es cuestión de completar lo más rápidamente posible el “paquete represivo”, sino de dificultar todo lo posible la “marcha atrás”… Así, pues, nos espera a los españoles un futuro incierto, también en esta materia. ¡Qué pueblo más desgraciado!”.

Pero de la misma forma que es imposible defender la virginidad de una puta vocacional con el Código Penal, creo que igual sucederá con el pensamiento libre y rebelde…

Publicado en Rambla Libre (08/03/2017), Heraldo Sanitario de Oregón (09/03/2017), Sierra Norte Digital (10/03/2017) y La Tribuna del País Vasco (11/03/2017)