Ramiro Grau Morancho: “En España no impera la justicia y es peligroso denunciar cualquier delito”

El abogado aragonés Ramiro Grau Morancho acaba de publicar Justicia injusta, un libro en el que describe la situación actual de la justicia española, que tilda de “desastrosa”. Autor de una veintena larga de libros y colaborador del sindicato Manos Limpias, Ramiro Grau Morancho no tiene pelos en la lengua y no duda en señalar al PSOE y al Partido Popular como los principales responsables de la baja calidad de la justicia a nivel estatal.

Ikusle: ¿Cuándo ha dejado de existir la justicia en España? ¿Ha existido alguna vez?

Ramiro Grau Morancho: Yo creo que en España la administración de justicia siempre ha estado muy politizada. Creo hay que distinguir dos niveles: los jueces normales y corrientes, que procuran administrar justicia en la medida de sus posibilidades, y los componentes de tribunales superiores, tribunal supremo o tribunal constitucional, donde la politización es evidente, empezando por la forma de acceso de sus miembros… Y en el caso del tribunal constitucional, además, ni siquiera son jueces propiamente dichos, sino juristas de reconocido prestigio y experiencia profesional, al menos en teoría, y que en la práctica totalidad de los casos son elegidos por su proximidad a los partidos políticos dominantes en nuestra sociedad: Partido Popular, PSOE, etc.

A lo largo de tu libro, dejas claro que la justicia actúa de un modo completamente diferente en función de quién sea el demandante o demandado. ¿Quiénes son los favorecidos del actual sistema judicial?

Bajo mi punto de vista, creo que habría que diferenciar por jurisdicciones. En la penal, por ejemplo, que posiblemente es la más sensible, socialmente hablando, estamos viendo todos los días, por desgracia, como el sistema judicial se ensaña persiguiendo a los débiles, pero poco o muy poco a los poderosos, grandes empresarios, y no digamos políticos, aforados, etc. Además en muchos casos se hurta a la opinión pública el conocimiento de los hechos a través de un juicio público, llegándose a conformidades con el ministerio fiscal, rebajándose sustancialmente las penas, y pagando multas para librarse de la cárcel personas que seguramente deberían entrar unos cuántos en prisión, para purgar debidamente sus penas. Esta situación provoca un gran malestar en la ciudadanía, pues da la impresión, y más que impresión es una realidad, que hay dos justicias, una para ricos y otra para pobres.

¿Y los perjudicados?

Los perjudicados son las grandes víctimas del sistema, completamente olvidados y abandonados por todos. Un país dónde los delincuentes tienen más derechos que las víctimas, como sucede en España, no es un país serio ni digno.

Algunos analistas aseguran que la justicia española fue liquidada con la reforma realizada por el PSOE tras las elecciones de 1982. ¿Es algo que ha de anotarse en el debe de los socialistas o todos los partidos han participado, en mayor o menor medida, en la creación del desastre judicial que, en tu opinión, existe en la actualidad?

Es verdad que el PSOE tiene una buena parte de culpa con lo sucedido, pero el Partido Popular no le va a la zaga. El problema de fondo es que los políticos quieren controlar la justicia, así de claro. Es el único poder que puede hacerles frente, pues ellos controlan tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, por lo que si consiguen controlar el poder judicial, pasan a tener la totalidad de los poderes. Y en España lo han conseguido desde el 1985, cuándo se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, estableciendo que la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se hiciera por los partidos políticos, en lugar de por los jueces. En la promulgación de esta ley creo estuvieron todos los partidos de acuerdo, en mayor o menor grado, y recientemente el PP cuándo ha reformado de nuevo dicha ley ha hecho exactamente lo contrario de lo que prometía, que era volver al sistema anterior. Hoy por hoy el CGPJ es una entelequia, un órgano meramente administrativo, intermediario entre el Ministerio de Justicia y los jueces. Y lo mismo sucede con el fiscal general del estado, que en realidad lo es del gobierno, y que es una especie de subsecretario, o como mucho un secretario de estado, pero nada más. Ni el CGPJ ni la Fiscalía General Estado son órganos independientes, y siento decirlo, pero es lo que hay, o por lo menos como yo lo veo, en conciencia.

Varios colectivos de jueces, abogados y fiscales han criticado duramente las diferentes medidas adoptadas por el ejecutivo de Mariano Rajoy en lo relativo al sistema judicial. ¿Qué valoración haces de la mismas?

Como he dicho en la pregunta anterior, las reformas del Partido Popular han sido nefastas para la independencia judicial, al igual que las anteriores del PSOE. Ambos partidos han tenido una actuación durante todos los años que han permanecido en el poder, realmente cancerígena para la justicia. Se nota que lo único que les interesa es controlar a los jueces, utilizando para ello dos procedimientos distintos: el látigo, mediante los expedientes disciplinarios, y la zanahoria, a través de los ascensos, la posibilidad de promocionar o ser marginado en la carrera judicial, etc.

Te has mostrado muy crítico con la detención de Miguel Bernard de Manos Limpias. Recientemente, ha aparecido una grabación en la que el rey emérito Juan Carlos ofrece dinero a este sindicato a cambio de retirar la acusación contra la infanta Cristina. ¿Qué puede suponer la publicación de este documento en el proceso contra Bernard?

Yo he colaborado como abogado con Manos Limpias, por supuesto sin cobrar nunca ni un solo céntimo de euro.
Los ordenadores de Manos Limpias están llenos de correos míos, así como sus archivos de correspondencia y procesos judiciales, y si nadie me ha citado nunca a declarar, ni siquiera como testigo, parece evidente que es porque la UDEF no ha encontrado nada reprochable en mi actuación, pues me consta que han estudiado detenidamente tanto los discos duros de sus ordenadores como los archivos en papel. Quiero decir con esto que Manos Limpias no manejaba grandes sumas de dinero, ni siquiera pequeñas, y que estoy seguro de que a Miguel Bernad, con cuya amistad me honro, mantener en pie esa bandera de lucra contra la corrupción, le ha costado miles de euros de su propio peculio. A mi me resulta admirable que una persona jubilada, que podría dedicarse a no hacer nada, como la mayoría de los jubilados, a pasear, leer, disfrutar de su familia y amigos, etc., haya tenido la gallardía de embarcarse en tamaña aventura, actuando como una auténtica mosca cojonera del sistema, y ganándose muchos enemigos, pues en un país donde no impera la justicia es muy peligroso denunciar cualquier delito, y a las pruebas me remito. Y más si afectan a la familia real, aunque en este caso más parece irreal que otra cosa. Respecto al tema de la grabación, no se si es cierta o no, ni si existió ese ofrecimiento o no, pues no he podido preguntarle sobre el asunto a Miguel, ya que está en prisión desde hace más de medio año. Pero, en cualquier caso, yo siempre creeré lo que él diga. Por otra parte, ¿qué padre no intentaría ayudar a una hija en graves apuros penales, que redundan además en desprestigio de la institución monárquica? De ser ciertos los hechos, y aunque pudieran ser incluso delictivos, creo que humanizan la figura del rey emérito, que siempre ha parecido una persona bastante egoísta, que iba a lo suyo, pasando olímpicamente de su esposa e hijos. Creo nos acercan más a la figura de un padre preocupado por sus hijos, como a Dios gracias, somos casi todas las personas bien nacidas.

¿Debe conservar la ciudadanía alguna esperanza de poder obtener justicia en España?

Sí. La lucha por la justicia es tarea de todos, y todos debemos trabajar para conseguir que haya justicia, pero no una justicia impuesta arbitrariamente, sino a través del derecho, que es el soporte en que se sustenta el sistema judicial. Debería terminarse con la excesiva politización de los órganos judiciales más importantes, y aumentar la independencia del poder judicial, hasta que fuera totalmente independiente, con su propio presupuesto, personal, asignación de recursos, etc., sin depender para nada del ejecutivo.

Publicado en Ikusle (12/10/2016)