Problemas de la Justicia en España: Costas, tasas y procuradores

Pensaba escribir un artículo sobre los problemas de la Abogacía en España, a mi modesto entender, pero acabo de recibir una encuesta del Colegio de Abogados sobre los problemas de la justicia en España, y voy a utilizar ese título, en el bien entendido supuesto de que los problemas de la Abogacía son sólo una parte de la problemática general de la justicia.

Lo que está claro es que la abogacía es un sector en crisis, en profunda crisis. Y ello se debe a múltiples circunstancias, de las que voy a reseñar las más importantes, en mi opinión:

1. Las costas, es decir la condena en costas. Institución procesal que consiste en que cuándo se desestime totalmente la demanda, el juez o tribunal puede condenar a la parte demandante, denunciante, etc., a las costas de la otra parte, que comprende los honorarios de su abogado y los derechos del procurador, lo que supone que el pobre litigante tienen que afrontar las honorarios de nada menos que cuatro profesionales: dos abogados y dos procuradores.
Vamos, que ese señor ya no vuelve a aparecer por el juzgado en su vida…

Hasta la llegada de Gallardón al Ministerio de Justicia, las condenas en costas eran mucho más limitadas, y en la mayoría de los casos no se imponían, por lo menos en la primera instancia, salvo que mediara temeridad o mala fe por parte del supuesto “demandante de justicia”.

Pero con las reformas de la legislación procesal de Gallardón, son de imposición obligatoria, salvo excepciones, incluso en la primera instancia, lo que supone que el derecho a la tutela judicial efectiva en la práctica ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico.

Ahora sólo tienen derecho a tutela judicial los que puedan pagarla…, y los insolventes, que acogiéndose a la ley de justicia gratuita, pleitean todo lo que quieren, colapsando los juzgados de demandas y denuncias infundadas, en la seguridad de que ellos no tendrán que pagar costa alguna…

2. Por si éramos pocos, parió la abuela. La ley de tasas supone que numerosos litigantes tienen que pagar por acudir al servicio público de la justicia.

Y como quiera que ya estamos trabajando la mitad del año para mantener el gigantesco tinglado de las administraciones públicas, más que de un pago tendríamos que hablar, en propiedad, de un repago, pues supone pagar dos veces por lo mismo, para que unos jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de la administración de justicia, a los que mantenemos con nuestros impuestos, nos atiendan cuándo vamos a “molestarles” con nuestras pretensiones…

Vivir para ver. Las sumas recaudadas, aunque importantes, no solucionan los problemas de la justicia, ni mucho menos, pero el fin que se pretendía posiblemente se ha conseguido: desaminar al ciudadano medio, sobre todo al menos sobrado económicamente, de acudir a los tribunales.

¿Y dónde queda el derecho fundamental a la tutela judicial de nuestros derechos e intereses legítimos…?

3. Y como colofón, para rematar la faena, dando el último aguijonazo al justiciable, se sigue manteniendo la obligatoriedad del procurador de los tribunales, prácticamente desaparecidos en todo el mundo civilizado, o, como mucho, de utilización voluntaria, no preceptiva.

La imposición legal de utilizar al procurador supone un incremento para el justiciable de entre un veinte a un cuarenta por ciento del coste total del pleito.

Pero, por lo visto, de eso se trata, de disuadir a la gente de acudir a los tribunales, sin darse cuenta de que al final pueden acabar tomándose la “justicia” por su mano. Recordemos los crímenes de Fago o de León, por ejemplo…

¿Qué sentido tiene que yo, abogado redacte una demanda, la envíe por correo electrónico al procurador, y este, a su vez, la reenvíe al juzgado, también informáticamente?

¿Qué “valor añadido” aporta esta actuación procesal de los procuradores?

¿Por qué los abogados no podemos asumir la representación de nuestros clientes, como sucede en todas partes, dicho sea de paso?

Resumiendo y concretando: si el PP quería cargarse la administración de justicia, debemos felicitarles por ello. Lo han conseguido plenamente.

Hoy por hoy sólo van a poder litigar los bancos, aseguradoras y grandes empresas…

Publicado en La Tribuna del País Vasco (02/06/2016), Heraldo Sanitario de Oregón (03/06/2016) y Sierra Norte Digital (05/06/2016)