Abogado de causas perdidas

Hace poco fui a pasar el reconocimiento para la renovación del permiso de conducción a un centro acreditado a tal efecto, y la médica que me atendió, sudamericana, de muy buen ver, me preguntó por mi trabajo, y al decirle que era abogado me dijo: “ah, si, abogado de causas pérdidas”.

Me quede estupefacto, entre otras razones porque acababa de perder un litigio, y le pregunté que quería decir con esa expresión. Comentó que en su país, creo que era nicaragüense, se llama así a los abogados batalladores, luchadores, peleones, que se enfrentan al poder, con desiguales armas, y que, por consiguiente, suelen perder la mayoría de los pleitos que llevan…

En otras palabras, que no era una expresión despectiva, como me aclaró, sino laudatoria, para dar a entender que uno es un profesional desde el principio hasta el final, agotando todos los recursos posibles, y recurriendo las sentencias y resoluciones adversas.

Me sentí bien definido por esta señora. Y creo que la mayoría de los abogados somos así, por lo menos en España, y seguramente en todo el mundo.

La gente piensa, y también muchos jueces y fiscales, que los abogados somos unos individuos que lo único que hacemos es poner palos en la rueda de la justicia, dificultando al máximo su aplicación, pero no se dan cuenta de que los derechos e intereses legítimos del justiciable son tan dignos como los del Estado, y que deben de ser valorados al mismo nivel.

Mientras los jueces hagan más caso al fiscal que al abogado defensor, como sucede en la práctica en la mayoría de los juzgados y tribunales, seguiremos estando lejos de un auténtico Estado de Derecho.

No solamente tiene derechos la victima, que por supuesto los tiene, o el demandante, sino también el demandado, imputado, encartado o investigado, que con tantos nombres ya no me aclaro…

Un Estado de Derecho es aquel dónde los juristas intervinientes en un proceso están a un mismo nivel, sean estos Jueces, Fiscales o Abogados.

Y dónde los Abogados del Estado no emiten “ciencia jurídica”, y sus opiniones van a Misa, mientras que los demás sólo decimos “chorradas” o generalidades, como sucede en la práctica.

Por no hablar de cuándo esos mismos abogados del estado, una vez jubilados, se incorporan a la jurisdicción, en calidad de magistrados suplentes, en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo, por ejemplo, y acaban fallando los asuntos en los que previamente han intervenido…

O cuándo un ex fiscal general “del gobierno”, auténtica nulidad en el cargo, aunque un prestigioso jurista, se incorpora rápidamente a un prestigioso bufete jurídico, no como abogado, sino como conseguidor, abridor de puertas, conocedor de múltiples secretos por razón de su cargo anterior, etc. Todo eso vale su peso en oro, y seguramente lo cobrará con creces.

Aunque ese tipo de actuaciones y situaciones nos coloquen a la altura de un país bananero cualquiera, o incluso de dictaduras como Guinea Ecuatorial, dónde los abogados pasan a ser jueces y fiscales y viceversa, sin solución de continuidad, pues no existe una carrera profesional, sino que son nombrados digitalmente por el Jefe del Estado.

Publicado en Decisión Económica y Catalunya Press (15/10/2015), Sierra Norte Digital (16/10/2015) y La Tribuna del País Vasco (17/10/2015)