La justicia del más fuerte, la justicia guineana


Decía Platón que “La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”, y cada día estoy más convencido de que es verdad, y me reafirmo en esa creencia cuándo veo las sentencias que dictan algunos, muchos, tribunales españoles.

Y la práctica totalidad de los guineanos, añado.

El reciente episodio de “Corrupción, tráfico de influencias y falsificación documental en la Corte Suprema de Guinea”, del que diario ROMBE daba cumplida cuenta el pasado día 16, y por cuya publicación les felicito, constituye un episodio más de esta costumbre de pisotear los derechos de los demás, para apropiarse del dinero ajeno, con un simulacro de actuaciones judiciales, presunta falsificación de documentos públicos judiciales, etc.

Y la intervención, también presunta, faltaría más, de todo un Magistrado de Trabajo, y de uno o varios abogados de dudosa honorabilidad, nos hacen suponer que el Poder Judicial de Guinea Ecuatorial necesita grandes cambios, de arriba a abajo.

Son varias las sugerencias que me atrevo a realizar al respecto:

1ª. Total inamovilidad de los magistrados y jueces, y sujeción a una triple responsabilidad: penal civil y disciplinaria.

2º. Necesidad de que exista un colegio de abogados digno de tal nombre, y presidido no por el ministro de justicia, que no pinta nada, sino por un profesional de reconocido prestigio, nacional e internacional.

3º. Limpiar los tribunales y juzgados de “jueces legos”, salvo para la justicia de paz, o asuntos de muy pequeña entidad, que se solucionan más por razones de equidad que jurídicas.

Mal puede administrar justicia quien carece de una sólida formación jurídica. No basta con las licenciaturas en relaciones internacionales, en ciencias políticas o similares… Y lo mismo es aplicable a los abogados.

Sólo puede ser abogado quien ostente un título de licenciado o graduado en derecho, obtenido por una universidad reconocida internacionalmente.

En Guinea hay magistrados, jueces y abogados que legalmente no pueden serlo, pues carecen del título correspondiente. Incluso hay casos de personas que han aportado títulos falsificados… Es algo que se yo, desde España, y que saben las principales organizaciones internacionales de abogados.

Obviamente las autoridades judiciales guineanas lo saben mucho mejor, aunque sólo sea por proximidad, pero hacen la vista gorda, pues son “de los suyos”.

Y, por último, no hay que matar al mensajero, sino perseguir al delincuente.

No se trata de ver quien ha filtrado los documentos objeto del artículo citado, sino perseguir tanto al ex magistrado de trabajo como a los abogados y asesores intervinientes, para la depuración de las responsabilidades penales, civiles y disciplinarias correspondientes.

¿O es que queremos que la justicia sólo sea la conveniencia del más fuerte…?

Seguiré con atención este asunto, y, en su caso, lo pondré en conocimiento de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, del Consejo General de la Abogacía Española y de las principales asociaciones internacionales de Abogados.

Publicado en Diario Rombe (21/07/2015), Blog de Abogados España y Sierra Norte Digital (22/07/2015)

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