España, ¿Estado de derecho… o Estado de desecho?
Mi hijo, que ha empezado a estudiar Derecho, está todo el santo día dándome la vara con que España es un Estado Social y Democrático de Derecho… No le digo nada, pues no quiero desanimarle antes de tiempo, pero para muestra no un botón, sino tres:
1º. – Un abogado iluso, un pobre hombre que cree vivir en un Estado de Derecho, en una palabra, yo mismo, formuló denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por entender que la “concesión” gratis et amore de un coche oficial con chófer y escoltas al ex presidente de la región, no tiene cobertura legal o reglamentaria alguna.
El Fiscal del TSJ, buen amigo y persona, por lo demás, evacuó –y nunca mejor dicho-, un informe diciendo que hay presidentes de otras comunidades autónomas que por ley autonómica correspondiente tienen “derecho” a despacho, coche oficial, chófer, escoltas, secretarias, y hasta a palanganero (de los que se utilizaban en las antiguas casas de meretrices). ¿Y a mí que coño me importa? Estamos hablando de Aragón, no de Cataluña, Galicia o Extremadura… Obviamente el TSJ emite un Auto archivando la denuncia.
Tres de los cinco Magistrados han sido nombrados a instancia de la Comunidad Autónoma: dos a propuesta del parlamento regional, digo aldeano, y el Presidente con el visto bueno del gobierno regional.
2º. – Denunciados los hechos ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ahora contra el ex presidente, por su calidad de Senador del Reino. El Fiscal del Supremo dice que soy un exagerado, que el derecho penal es la última ratio –estoy harto de oír esta expresión, sobre todo cuándo se utiliza para no imputar a los políticos-, y que algo de ilegalidad o arbitrariedad hay en la actuación del gobierno regional, pero que considera que debería acudir al Tribunal de Cuentas, que es el competente para “controlar” el despilfarro o desvío de los fondos públicos.
3º. – Así lo hago, faltaría más. Pero ahora el Fiscal ante el Tribunal de Cuentas –hay fiscales para dar y regalar- dice que no es problema suyo, que no está acreditado el derroche de los fondos públicos –son ellos quienes pueden investigarlo, no yo, que soy un simple particular-, y que no pasa nada, por lo que pide el archivo de la denuncia.
Previamente me han hecho acreditar mi condición de abogado –la certificación correspondiente me ha costado nueve euros-, y he tenido que comprometerme a pagar los gastos que la investigación del asunto ocasione si la denuncia es falsa. Pues ni por esas. Se niegan a investigar nada. Es lógico; en el Tribunal de Cuentas hay más de 700 personas empleadas (y no digo trabajando para no ofender a los auténticos trabajadores), con un sueldo medio de 3.000 euros mensuales, los simples funcionarios… De esos 700 más de 100 son familiares directos de los Consejeros y Letrados. Es una “empresa familiar”… ¡No van a indisponerse con quien les da de comer, y encima pueden vivir en Madrid, capital de la ex España!
Termino ya, que no quiero seguir cabreándome; soy hipertenso, y no me conviene. ¿España es un Estado de Derecho? No digas tonterías, hijo mío, España es un estado de desecho, eso es lo que es…
El Manifiesto,
16 de Octubre de 2014.
El triste papel que está jugando la fiscalía española, como mero comparsa de lo que sucede, sin ver ni perseguir nada o casi nada -siempre obedeciendo órdenes del poder político-, algún día será estudiado en los libros de historia… Y no para bien, precisamente.
En España hace ya muchos años que no hay una verdadera separación de poderes, si es que alguna vez ha existido… Los políticos nombrar a los Vocales del CGPJ, y estos a su vez nombran a los altos dignatarios del (no)poder judicial: magistrados del Supremo, presidentes del TTSSJJ, etc.
Para acabar de «enmerdar» el escenario, y perdón por la expresión, una buena parte de los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los TTSSJJ son nombrados a propuesta de los políticos autonómicos… «Curíosamente» estos magistrados son los que luego tendrán la competencia PARA JUZGAR a quienes les han nombrado…
En resumen, la pescadilla que se muerde la cola. No hay justicia, y los políticos son los primeros interesados en que no la haya, pues ellos serían los primeros «clientes» de existir una auténtica justicia objetiva, imparcial e independiente.
El artículo es triste y deprimente, como deprimente es la realidad actual de España, ¿o deberíamos decir la ex España?
No hay justicia real, pues al no haber separación de poderes, todas las resoluciones judiciales que afectan a políticos son pasadas por el tamiz de los intereses políticos…
Como bien dice el autor, antes ibamos camino de un Estado de Derecho, pero ahora vivimos en un Estado de desecho, por no decir en un lodazal de corrupción y decadencia.