Juzgados contra la corrupción
La ola de corrupción que nos inunda –más bien un peligroso tsunami-, amenaza acabar con nuestro sistema político, y no digo democracia, pues no me gusta engañar a nadie…
Pero además tiene otra consecuencia peligrosa, y es la inclusión de España en los listados internacionales de países corruptos, -en dónde vamos escalando rápidamente posiciones-, de forma que las grandes empresas multinacionales se lo pensarán dos veces antes de invertir aquí, pues saben perfectamente que tendrán que pagar “mordidas” sin fin para obtener los permisos y licencias necesarios, y en ocasiones no sólo a un sobrecogedor, sino a varios: ayuntamiento, comunidad autónoma, administración central, organismos con competencias específicas, etc., pues para abrir cualquier fábrica o centro comercial hacen falta un montón de autorizaciones, todas las cuales pueden estar sometidas “a peaje”.
¿Qué soluciones tiene esta situación dantesca? Yo me atrevo –la ignorancia es muy atrevida- a propugnar algunas:
1. Que se exima de responsabilidad penal al empresario que denuncie cualquier petición de soborno, o incluso que lo haya pagado previamente, para poder seguir adelante con su negocio o empresa.
2. Que se endurezcan las penas de prisión para los políticos o empleados públicos corruptos, inhabilitándoles para ocupar cargos o empleos públicos durante un montón de años, y fijando penas de prisión, de cumplimiento obligatorio, sin posibles suspensiones u otros beneficios penitenciarios.
3. Que se creen Juzgados contra la Corrupción, al menos uno por comunidad autónoma –y en las grandes varios-, como jurisdicción especializada, para tramitar todos estos asuntos con agilidad y especialización, no como ahora, que los imputados acaban muriendo, de muerte natural, antes de ser condenados, o en su caso, absueltos.
4. Que se prohíban las sentencias “de conformidad” en estos asuntos, estableciéndose legalmente la obligatoriedad de celebrar el juicio correspondiente, con vistas públicas, para que la sociedad a la que se ha perjudicado, pueda conocer los hechos enjuiciados.
5. Que se publiquen en el BOE todas las sentencias condenatorias firmes, o al menos un extracto de las mismas, para público conocimiento y desprestigio político o profesional del alto cargo o funcionario hallado culpable de alguno de estos delitos.
6. Que las penas deban cumplirse íntegramente, salvo que se proceda a la devolución de la totalidad o de una parte sustancial del dinero “untado”, en cuyo caso la prisión podría reducirse en atención a esta circunstancia, pero nunca la inhabilitación para ocupar cualquier cargo oficial.
Es posible que mis ideas sean quiméricas, y seguramente lo son, pero creo son efectivas y realistas. Ahora bien, nada de ello se hará, pues los grandes partidos están de corrupción hasta las cejas, y obviamente no van a tirar piedras a su propio tejado. Que serán tontos, pero no idiotas…
Se impone, pues, botarles y empezar a votar a cualquier otro partido, aunque ello dificulte la gobernación de España. A grandes males, grandes remedios.
El Jurista,
29 de Junio de 2013.
El artículo es muy revelador de la situación. Ahora mismo estamos viendo como hay centenares, posiblemente miles, casos de corrupción en los juzgados, dónde duermen «el sueño de los justos».
Son asuntos complejos, cuya instrucción dura años y años, y al final, cuándo llegan a juicio, muchas veces acaban diluidos como un terrón de azúcar en el café… Se preparan pruebas falsas, se presentan documentos de paternidad dudosa, los testigos olvidan lo que decían que sabían, aparecen nuevos testigos exculpatorios (evidentemente falsos), etc.
En resumen, el ciudadano, o más bien el contribuyente cabreado, ve como el sistema judicial es una tomadura de pelo, y al final algunos acaban tomándose la justicia por su mano.
Que es lo que puede acabar sucediendo, si la justicia sigue funcionando como hasta ahora… Tarde, mal y nunca.
Ramiro, tiene usted razón. Creo que a grandes males, grandes remedios.
El sistema judicial está preparado para condenar a pequeños ladrones o delincuentes, pero no a los financieros y políticos corruptos, es decir, a los grandes estafadores.
Y mucho menos está preparado para perseguir a los comisionistas, defraudadores, «vendedores» de favores políticos, malversadores de caudales públicos, etc.
Se impone, pues, la creación de una jurisdicción especializada, y de unos fiscales también especializados, pero no pro corrupción, como el de Mallorca, sino en contra de la corrupción, como el juez Castro o la juez Ayala, de Sevilla…
Gracias por su valentía y por sus ideas, y mis mejores deseos para usted y los suyos.
Desde luego, algo hay que hacer, pues la corrupción es cómo un cáncer, que lo devora todo. Hoy en día los medios puestos para atajarla son claramente insuficientes, y al igual que se han creado los Juzgados de Menores, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, o los Juzgados de lo Social, por ejemplo, podrían crearse unos juzgados específicos contra la corrupción…
Pero estoy seguro de que nunca se hará. A los políticos profesionales y profesionalizados, que son casi todos, no les interesa, en absoluto, que el sistema judicial funcione, y pueda meterles en prisión, y hacerles devolver el dinero robado.
Para ellos el «sistema» actual es el ideal, pues les asegura la impunidad y la inmunidad, ya que la mayoría de los casos no de descubren o investigan a tiempo, y el número de sentencias condenatorias es ínfimo.
Y, por supuesto, nunca son enviados a prisión provisional, como el común de los mortales. Que todavía hay clases…
No creo que a los dos partidos mayoritarios actualmente, PP y PSOE, les interese crear este tipo de juzgados, pues ellos serían los principales «clientes», al igual que los partidos autonómicos principales, CIU, Coalición Canaria, el PAR, Unión del Pueblo Navarro, etc., por lo que mucho me temo que no se hará nada.
Al «sistema» lo que me interesa es que los casos de corrupción vayan a los juzgados normales y corrientes, dónde se eternice la instrucción, se tarde años y años en juzgar los hechos, en resumen, los asuntos se diluyan entre otros muchos centenares y miles de casos, pues al fin y al cabo, la mierda cuánto más se revuelve, más huele…
Resumiendo, la idea es buena, pero a nuestra casta política parasitaria no le interesa que salga adelante. Y no saldrá, faltaría más, hasta ahí podríamos llegar, buen hombre, que aquí mandamos los de siempre.
La casta política parasitaria que tenemos no tiene ningún interés en combatir la corrupción, pues ellos son los primeros corruptos… No les interesa poner en funcionamiento unos juzgados contra la corrupción, pues únicamente les perjudicaría, y muchos de ellos acabarían en prisión.
Es como los juzgados de lo contencioso-administrativo, que aunque estaban creados por la LOPJ en 1985, creo recordar, no se pusieron en funcionamiento hasta 13 años después, en 1998 (escribo de memoria, por lo que puedo equivocarme en algún año…). En resumen, los políticos no quieren que nadie controle su labor… Urge dejar de votar al PP y al PSOE, que son, junto con la Casa Real los culpables de la actual situación, junto con los partidos mayoritarios en cada autonomía: CIU, PNV, CC, PAR, etc.