Suprimir pagas extras y trienios al personal de las administraciones públicas
Leo las reducciones del gasto público que se publican en la prensa, y no puedo menos que sonreír tristemente. Esta bien suprimir el chocolate del loro, pero con eso no salvamos la economía nacional. Yo mismo he reducido muchos de mis gastos, pero sigo necesitando adelgazarlos más, ante la crisis en la que estamos sumidos.
Por supuesto, no se quieren suprimir ayuntamientos, ni diputaciones provinciales, ni mucho menos comunidades autónomas. Los yacimientos de empleo para los políticos son sagrados, sino ¿de que iban a vivir tantos inútiles?
Pues bien, no queda otra que adelgazar las administraciones, primero prescindiendo del personal interino, contratado temporal, sustituto, etc., ingresados la mayoría de ellos por afinidades políticas, relaciones familiares, amistades, en fin lo que normalmente llamamos enchufes. En general, no creo que sea una gran pérdida para el servicio público, salvo honrosas excepciones, que también las hay, por supuesto.
La siguiente medida podría ser volver a la jubilación obligatoria a los 65 años, como en tiempos de Felipe González –cuando había que hacer sitio para colocar a los suyos-, o a esa edad intermedia hacia la que nos encaminamos todos en la seguridad social, de los 67 años. Se reducirían las nóminas más elevadas de las administraciones, sin grave perjuicio para nadie.
Pero aún así habría que tomar medidas más drásticas, como podrían ser las siguientes:
1. Supresión de los complementos especiales para todos los que han ocupado cargos de director general o asimilados, que los perciben de por vida miles de funcionarios, sin otro mérito que tener un amigo que les otorgó el nombramiento, en muchas ocasiones sin demasiada capacidad, y a los resultados de la gestión de la mayoría de ellos me remito.
2. Establecer por decreto-ley, y por razones de emergencia económica nacional, como la que ahora mismo tenemos, la supresión de los trienios. No tiene sentido que en el ámbito laboral hayan desaparecido de la legislación positiva, y hayan quedado al albur de la negociación colectiva, mientras que en las administraciones públicas hasta el más tonto, inútil o vago se beneficie de ellos…
3. Eliminación de las pagas extras. La propia seguridad en el empleo –y las reticencias del gobierno a echar a nadie-, creo que justifican esta supresión. ¿O es que preferirían estar en el paro, como miles y miles de trabajadores y autónomos a los que les va mal el negocio…? Soy consciente de que alguno se acordará de mis padres, desgraciadamente ya fallecidos, pero siempre escribo lo que realmente pienso, no lo que la gente quiere oír. Y creo que lo que digo es de justicia.
La productividad en las administraciones públicas brilla por su ausencia, salvo casos puntuales. La mayoría de los empleados no saben ni que es eso. Sobra una buena parte de los casi cuatro millones de funcionarios y contratados laborales, y si el gobierno no quiere echar a parte de ellos, entre otras razones para no incrementar el desempleo, habrá que tomar medidas drásticas para reducir el elevado coste de la nómina, que pesa como una losa sobre el déficit público.
Celebraría conocer opiniones más autorizadas que la mía sobre el particular, en la seguridad de que sólo el contraste de pareceres y el conocimiento nos aportarán posibles soluciones.
Creo que el articulista sigue hablando del «chocolate del loro». Realmente sobran la mitad de los empleados públicos, y al decir empleados incluyo tanto a funcionarios como a laborales. Tampoco tiene ningún sentido, al menos en mi opinión, que los profesores en sus tres niveles, primaria, secundaria y universidad, o los médicos, enfermeras, etc., sean funcionarios.
La mayoría del personal tendrían que ser laborales, y podrían y deberían ser despedidos, bien individualmente, o por medio de Eres, expedientes de regulación de empleo, igual que sucede en las empresas privadas… No tiene sentido que estemos pagando el sueldo a gente que no hace nada, pues el organismo correspondiente ha desaparecido hace años, o la empresa pública se ha privatizado. Urge una profunda reforma, que este gobierno, que es igual que el del PSOE, no está dispuesto a hacer, pues no van a atentar contra sus propios ENCHUFADOS. Los suyos y los del PSOE, que son las dos caras de la misma moneda…
Creo tenemos que votar a cualquier otro partido, distinto al PP o al PSOE. No hay más remedio, si queremos regenerar España.
El artículo me parece bastante injusto, pues mete en el mismo saco a los funcionarios de carrera, por oposición, que a los miles, posiblemente más de un millón y medio, de personas contratadas laboralmente, prácticamente a dedo, personal eventual, de confianza, asesores, etc.
Si hay que echar a alguien, y creo que es necesario, tendrá que ser de los segundos, no de los primeros.
Y no lo digo porque yo sea funcionario de carrera, que también, sino porque en los últimos años se han «inventado» muchos empleos públicos, absolutamente innecesarios, y por tanto, totalmente prescindibles.
Es evidente que las administraciones públicas no son un fin en si mismas, sino un medio al servicio de los ciudadanos y contribuyentes, que son, en definitiva, los que nos pagan el sueldo. Y que hoy en día sobran una buena parte de esos empleados públicos, es algo que ve cualquier persona que piense con objetividad.