Asesinatos de políticos

 

 

En primer lugar, siento mucho el asesinato de una destacada política, a quien las urnas habían llevado a ocupar varios cargos públicos. Las urnas, es decir, la voluntad popular, no las armas. Por supuesto que dentro de listas cerradas y bloqueadas, sin posibilidad de añadir o suprimir a ningún candidato. Son papeletas de acero. La democracia se convierte, así, en una auténtica dictadura de los partidos políticos.

Las siglas de la política asesinada son lo de menos. Todos los partidos actúan con idénticos criterios. Al disidente, discrepante o minoritario, ni agua. Solo se admiten adhesiones, preferiblemente inquebrantables. El jefe nunca se equivoca, y si se equivoca se aplica el apartado anterior, es decir, que es imposible que el jefe se equivoque, pues por eso es el jefe. Y a otra cosa…

El asesinato me recuerda, salvando las distancias y las circunstancias, al del Alcalde de Fago (Huesca), pequeño municipio en dónde un vecino (cuasi Concejal, pues era un Ayuntamiento que funcionaba en régimen de concejo abierto, es decir, dónde todos los vecinos tienen voz y voto), asesinó al Alcalde, por discrepancias políticas y personales. Habían sido grandes amigos, pero pasaron a ser enemigos, sin solución de continuidad. Algo parecido a muchos matrimonios, que pasan del amor al odio.

El vecino de Fago había presentado decenas de denuncias en vía administrativa contra presuntas irregularidades y arbitrariedades del Alcalde, y se había gastado sus buenos dineros en recurrir en vía contencioso-administrativa numerosas resoluciones del Ayuntamiento, sin ningún resultado positivo. Esa jurisdicción es muy dada a santificar los actos de las administraciones, y a dar por buena cualquier explicación absurda, siempre que proceda de alguna de las numerosas administraciones públicas que pueblan nuestra geografía…

Es sorprendente, también, que el asesinato haya sido cometido, presuntamente, por personas del mismo partido político que la víctima. Esta visto que los miembros de otros partidos son adversarios, pero que los enemigos son los del propio partido. Ya lo decía don Cruz Martínez Esteruelas en su estupendo libro “La enemistad política”.

Don Hipólito Gómez de las Roces decía que las diputaciones provinciales son nidos de caciques, y no le faltaba razón. Él lo sabía bien, pues había sido presidente de la diputación provincial de Zaragoza, y conocía el paño. Pues bien, dentro de ese nido de caciques que sin duda es la Diputación de León, diputaciones absolutamente prescindibles, dicho sea de paso, se crea una plaza de funcionario interino para dar acomodo a una determinada señorita, afiliada al PP, y candidata a Concejal en Astorga. ¿Era necesario crear ese puesto de trabajo, o se trataba de “inventar” un empleo, para dar acomodo a uno de los suyos? Actuación ésta a que tan aficionados son los políticos, y “gracias” a la cual hemos duplicado el número de empleados públicos…

Posteriormente se consolida la plaza y se saca a oposición, y en lugar de darle la plaza al interino, cómo suele suceder en el 95% de los casos, por lo menos, se le adjudica a otra persona, con lo cual se consigue echar a la interina, con la que al parecer ya había malas relaciones.

Más en adelante la persona que ocupa la plaza en propiedad renuncia a la misma, y se marcha de la Diputación, supongo que a otro empleo mejor. La interina que previamente la ocupaba, y había obtenido el segundo lugar en la oposición, pide que se le adjudique, pero la corporación se lo deniega, y suprime la plaza. Todo perfectamente legal, desde el punto de vista del derecho administrativo, aunque habría que saber que motivación real había detrás de esas resoluciones, y cual era la finalidad que se pretendía con ellas.

Posteriormente la misma Diputación reclama a la funcionaria interina la devolución de determinados complementos retributivos, percibidos por su dedicación exclusiva a la Institución, que al parecer no fue tal, pues ejercía también privadamente su profesión, para lo cual supongo habría tenido que pedir y obtener la previa declaración de compatibilidad, con lo cual la Corporación ya conocía dicha situación. Aunque es posible que dicho ejercicio privado se realizara sin comunicárselo al Organismo, lo que sucede en ocasiones, sobre todo cuando el pluriempleado sabe que no le van a dar la compatibilidad, o va a suponerle una merma en sus ingresos.

En resumen, todo esto va generando un caldo de cultivo de imprevisibles y desgraciadas consecuencias, como hemos visto. Y no voy a aderezarlo con posibles relaciones sentimentales, cuernos y demás argumentos, más propios de una novela que otra cosa.

Lo que quiero decir, y digo, es que cuando el Estado de Derecho no funciona, los políticos hacen de su capa un sayo, y juegan con el trabajo y el futuro de otras personas, pues pueden acabar pasando estas cosas.

Y que cuando la Administración de Justicia es incapaz de brindar protección a las personas maltratadas por las administraciones públicas, uno puede sentir la tentación de tomarse la justicia por su mano.

Descanse en paz la señora asesinada, y Dios quiera que no vuelvan a repetirse episodios tan lamentables. Pero conviene que la casta política no olvide que están sentados sobre un barril de pólvora, que son los seis millones de parados, y una juventud a la que hemos condenado de antemano a un futuro sin perspectivas laborales, y que cualquiera puede estar tentado de repetir estos hechos, si no consigue la tutela efectiva de los juzgados y tribunales en sus derechos e intereses legítimos.