Los monseñores de la Justicia
Se dice que las Salas del Tribunal Supremo son las Salas de los Obispos, pues suelen confirmar todo, y raramente casan.
Debajo de los Obispos, aunque algunos opinan que a la par, están los Monseñores, títulos honoríficos otorgados por el Papa a sacerdotes sobresalientes…, pero que nunca serán nombrados Obispos, por las razones que fueren.
No regirán un Obispado, pero tendrán un estatuto personal privilegiado, con el reconocimiento de su categoría personal, por encima de cualquier canónico o cura normal y corriente. Es un poco como un premio de consolación, por no haber alcanzado la plenitud del orden sacerdotal, pero casi.
Así sucede con los Magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los diecisiete Tribunales de Justicia de los que nos hemos dotado, en este estado del derroche –perdón, quiero decir de las autonomías-, en que vivimos. Son casi magistrados del supremo, pues en la práctica son la última instancia en el orden civil de la legislación autonómica correspondiente, y pueden enjuiciar al presidente, consejeros y diputados del ente regional correspondiente. Esa cosa a la que algunas comunidades llaman, muy pomposamente, gobierno, como sucede en mi tierra, Aragón.
Al descerebrado que se le ocurrió la genial ocurrencia de crear estas Salas, no debió de pensar que estos magistrados no tendrían nada que hacer, y que cada hoja que mueven nos cuesta miles de euros…
En efecto, los temas civiles son muy reducidos, y ello a pesar de que el ordenamiento jurídico permite crear –más bien inventar- nuevas instituciones jurídicas, recuperadas del pasado.
Los temas penales tampoco dan mucho trabajo. Son reducidísimas las actuaciones contra gobiernos y diputados autonómicos, y no será por que no delincan, a todas horas, aunque no todos, a Dios gracias. Pero parece que hay un pacto bajo la mesa entre los políticos y los jueces: si no os metéis con nosotros, nosotros no nos meteremos contra vosotros. ¿Quién sale perdiendo? Pues, como siempre, el pueblo pagano, y al decir pagano me refiero a que somos los que mantenemos a todos ellos.
Estos Monseñores regionales, ante la falta de trabajo, suelen proliferar por las cafeterías sitas en las proximidades de los vetustos Palacios de Justicia, siendo su aportación muy de agradecer por el gremio de la hostelería, pues al menos dan trabajo.
En algunas autonomías, y para que tengan algo que hacer, que al fin y al cabo bien que cobran a final de mes, se les ha encomendado sentenciar asuntos contencioso-administrativos, jurisdicción donde siempre hay retrasos considerables, lo que ha generado un gran enfado en la mayoría de los Monseñores: yo no estoy aquí para hacer esto, o no tengo ni idea de este tipo de asuntos.
Pero claro, se trata de darles alguna actividad, para justiciar su existencia. Y más teniendo en cuenta que la composición de estas Salas es marcadamente política, pues el Presidente es nombrado con informe del gobierno regional, y uno de cada tres magistrados es designado entre una terna propuesta por el parlamento regional.
Paradójicamente, pues, al presidente, consejeros y diputados aldeanos –para diferenciarlos de los nacionales-, les van a juzgar, en su caso, personas nombradas por ellos mismos, o en cuyos nombramientos han intervenido decisivamente, en una buena parte de los casos.
La conclusión es obvia, y no necesita mayores comentarios: no me importa que me juzguen, pero quiero nombrar yo a los jueces. Seguro que saldré absuelto…
Las autonomías han servido para que de tener un solo Estado, ahora tengamos 18, el grande o único, y las 17 taifas autonómicas (sin contar con Ceuta y Melilla, que tienen un estatuto de ciudades autónomas). Ello ha provocado una inflación de altos cargos en todas las instancias, administrativas, judiciales y fiscales, y ha redundado en más burocracia y, paradógicamente,, mayor desorganización.
Ahora mismo nadie es competente en nada, pues las competencias son compartidas entre varios entes similares, todo lo cual provoca infinidad de problemas, y no ayuda, en nada, a resolver los realmente existentes.
Supongo que el pobre Adolfo Suárez estará penando por sus muchos pecados políticos.
Dos comentarios al artículo:
1. Estas salas de lo civil y penal sobran. Y sobran aforados. La instrucción de los procesos tendrían que realizarse por el Juez de Instrucción correspondiente.
2. Y, por supuesto, suprimir el acceso de magistrados de procedencia POLÍTICA, lo que se conseguiría -al menos respecto a estas salas-, simplemente suprimiendo las citadas salas.
Pero nada de esto se hará, pues a los políticos, sean del PP o del PSOE, les interesa meter su larga mano en la administración de justicia, para evitar ser imputados…
Obviamente, si uno tiene el privilegio de nombrar a todos o al menos a una buena parte de los jueces que teóricamente pueden juzgarte, tendrían que ser muy desagradecidos para que luego, encima, te encausaran.
En la práctica son un engendro y un engaño, pues ni hacen nada ni sirven para nada. La explicación es muy sencilla.
Competencias PENALES: ¿Como van a perseguir a quienes les han nombrado…? Uno de cada tres son nombrados a dedo, a instancia del parlamento regional, y el presidente no deja de ser un cargo político, también. En Aragón, por ejemplo, de los 5 miembros, sólo 2 son juristas de carrera, ya que los otros 2 son magistrados políticos, y el presidente obviamente, también (aunque pertenece a la carrera).
Competencias CIVILES: Los ordenamientos civiles autonómicos son muy reducidos, y escasamente dan trabajo. Y eso que algunas autonomías para diferenciarse han optado por crear fueros nuevos, sacados de la edad media, como el fuero del bailio, o denominación similar, en Extremadura, en Cataluña ya van por no se que tomo del código civil catalán, etc.
En resumen, las mismas chapuzas que en el orden administrativo, pero aplicadas al mundo judicial.
Gastamos dinero sin compasión, en pagar unos sueldos millonarios a personas que no hacen nada, y encima en buena parte son nombradas a dedo, con lo cual luego profesan una fidelidad perruna a quienes les han promocionado.
Una prueba más de que el estado de las autonomías, incluido el judicial, hace aguas por todas partes.
Los españoles no podemos seguir manteniendo estos despilfarros, cuando no hay dinero para sanidad o educación, y muchos niños empiezan a pesar hambre y necesidad…
¿Es que no son lo mismo que las Audiencias Territoriales del régimen anterior, con distinto nombre?
No son lo mismo, puesto que tienen competencias que podríamos llamar más políticas, como el enjuiciamiento de los aforados autonómicos, que son los diputados, procuradores o parlamentarios regionales, los consejeros y el presidente del «ente».
También tienen una composición más «política». La sala de lo civil y penal, que es la que puede realizar el enjuiciamiento anteriormente indicado, se compone de varios magistrados, y uno de cada tres es nombrado a propuesta del parlamento regional, es decir, por los propios y futuros «enjuiciados».
El nombramiento del presidente del TSJ también está altamente politizado, pues informa el CGPJ (dónde están representados los partidos políticos, como todos sabemos), la comunidad autónoma (es decir, sus futuros «clientes»), y creo que incluso el Ministerio de Justicia (es decir, el gobierno de turno).
Obviamente estas salas trabajan muy poco, pues no enjuician a casi nadie.
Pero vista la «composición» anterior, ¿a alguien le extraña?
Están ahí para hacer ver que hay justicia para todos…, aunque no sea así en la práctica.
Confio y espero haber aclarado, al grosso modo, sus dudas.
Buenos días y cordiales saludos.