Lotería judicial española

Soy abogado en España, que es tanto como decir prostituta en Tailandia, ante la gran competencia existente. Y aconsejo a mis clientes que no pleiteen. Aspiro a solucionar problemas, no a crearlos, dedicación que se ha convertido en la principal ocupación de muchos picapleitos.

Y el cliente agradece –o no-, que se le escuche y hable con sinceridad, haciéndole ver los pros y los contras de cualquier acción judicial que pretenda emprender, la duración –imprevisible- del litigio, y el coste económico del mismo, incluida la hipotética condena en costas, en el peor de los casos.

Teniendo en cuenta la tradicional lentitud de la administración de justicia española –me niego a llamarla justicia, pues no lo es, en absoluto-, lo primero que el cliente debe hacer es contratar un abogado relativamente joven, pues caso contrario puede quedarse sin letrado a mitad del pleito, bien por jubilación o por fallecimiento. Pero siempre teniendo en cuenta que más sabe el abogado por experiencia que por ciencia, es decir que conviene sea persona con años acreditados de ejercicio profesional. Por no hablar del posible agotamiento del jurista, ante la pesadez de algunos clientes, que vierten todas sus quejas contra el sistema no en el Consejo General del Poder Judicial, sino en su abogado, que es un simple colaborador de la justicia, seguramente la parte más débil.

Siempre he pensado que un buen abogado tiene que ser duro, pero también flexible cuando sea necesario, pero que se haga respetar, y que no tenga miedo o un respeto reverencial a los fiscales y jueces, que son compañeros de estudios y profesión jurídica. Un abogado debe serlo con dignidad, y no puede dejar al libre arbitrio de los jueces y fiscales la solución de los asuntos, como por desgracia sucede cada vez más, sobre todo en los juicios rápidos, que son un atentado al derecho de defensa y al estado de derecho.

No espere el letrado apoyo alguno del colegio correspondiente, más dedicado a sancionar que a apoyar a los colegiados, en sus posibles encontronazos en los tribunales, ni mucho menos de sus compañeros, que no amigos, al menos en la mayoría de los casos. La abogacía es una profesión de caníbales, en donde la mejor merienda es otro compañero…

Por no hablar de los antiguos compañeros de carrera, que ahora te miran por encima del hombro, con aire conmiserativo, desde la altura que da haber aprobado una oposición a juez, fiscal, o secretario judicial, aunque ello no acredite, en modo alguno, la competencia profesional, ni mucho menos el interés por el trabajo y el buen hacer. Las oposiciones son excesivamente memorísticas, aunque se diga que no.

Pasado este escenario dantesco, entramos propiamente en el drama judicial, aunque más bien habría que hablar de la comedia. Desgraciadamente, hoy en día pleitear en España se asemeja cada vez día más a jugar a la lotería, que nunca sabes si te va a tocar, pero lo único que tienes claro es el gasto que supone. Pues lo mismo pasa con los litigios.

Una vez decidido iniciar el proceso, se redacta la demanda, denuncia o querella, mejor o peor hecha. Ante la sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales, soy partidario de la concisión, que siempre es de agradecer, y, sobre todo, de la claridad expositiva.

La profesión tiende a centrarse mucho en el Derecho aplicable, e incluso en la Jurisprudencia existente sobre el particular, lo que creo es un error, pues si de algo anda sobrado el Juez es de conocimientos jurídicos, mientras que lo que desconoce son los hechos, sobre los que pienso que el profesional debe incidir más, detallando las circunstancias concurrentes, y sin ocultar aquellas cuestiones relevantes que puedan tener transcendencia para la justa resolución del pleito, aunque nos perjudiquen.

Creo que la lealtad procesal y la buena fe son dos poderosas armas en manos del letrado, que muchos no utilizan, pero es algo que a la larga se vuelve en contra de uno mismo. Si algo aprecian los jueces es la honestidad profesional del abogado.

Desgraciadamente cuando el asunto se reparte a un determinado juzgado, comienza ya la “lotería” judicial. Que juez es, de dónde procede, es sustituto, del tercer o cuarto turno, o de la oposición libre. Que experiencia profesional tiene, o de la que carece. Cual es su ideología política conocida, pues es obvio que todos tenemos alguna, y es totalmente legítimo. Que opinión tiene de nosotros, si ya hemos tenido alguna relación o contacto previo, pues es evidente que ello de alguna forma condicionará su actuación, pues los jueces también son personas, con sus debilidades y defectos…

¿Recurrirá o no recurrirá la parte demandada, denunciada o querellada? Hay abogados –yo, por ejemplo-, que acostumbro a terminar el asunto que empiezo, y agotar todas las instancias posibles, al menos las nacionales, ya que las europeas me parece más lotería todavía que las españolas. Pero claro, esos recursos posteriores dependen también de las ganas de pleitear del cliente, así como de su solvencia –o insolvencia- económica, con lo cual muchas veces la posibilidad de defender la acción en todas las instancias queda al arbitrio de la parte, más que del profesional, que es un simple técnico a su servicio.

En fin, lo que quiero decir, y sin perjuicio de volver sobre el asunto, es que hoy en día pleitear en España es una lotería, pues depende del abogado, del juez que te toque –en suerte o en desgracia-, del fiscal, en su caso, e incluso de la capacidad profesional e interés –o no- del funcionario judicial que tramite el proceso. Lo único seguro es el alto coste de los pleitos, como cuando se compra la lotería, que lo único que tenemos claro es el precio de la participación correspondiente.

Debo decir, en honor a la verdad, que el PSOE lo único que ha hecho en los últimos años ha sido estropear aún más, si cabe, la administración de justicia, con el establecimiento de sistemas informáticos incompatibles, la dependencia de parte del personal de las comunidades autónomas y otros del ministerio de justicia, los enfrentamientos entre jueces y secretarios, la creación de unos servicios comunes que funcionan todavía peor que cuando cada juzgado hacía su trabajo –lo que ya es difícil-, una fiscalía desmotivada y con exceso de trabajo, unos procuradores absolutamente innecesarios, y que sólo contribuyen a aumentar el coste de los litigios, etc.

En resumen, nada nuevo bajo el sol. Donde mete la mano el PSOE joroba lo que hay, y no lo sustituye por nada nuevo ni mejor. Pero así justifican sus sueldos y su incompetencia.

Claro que Gallardón ha venido a contribuir aún más, que ya es difícil, a desorganizar la administración de justicia. Pero dada la extensión del artículo le dedicaremos otro trabajo. Lo merece por su desconocimiento del asunto. No me extraña: su única experiencia profesional como fiscal ha sido de seis meses y quince días, exactamente. Se le debió hacer eterno…