Juzgados contra la corrupción
La ola de corrupción que nos inunda –más bien un peligroso tsunami-, amenaza acabar con nuestro sistema político, y no digo democracia, pues no me gusta engañar a nadie…
Pero además tiene otra consecuencia peligrosa, y es la inclusión de España en los listados internacionales de países corruptos, -en dónde vamos escalando rápidamente posiciones-, de forma que las grandes empresas multinacionales se lo pensarán dos veces antes de invertir aquí, pues saben perfectamente que tendrán que pagar “mordidas” sin fin para obtener los permisos y licencias necesarios, y en ocasiones no sólo a un sobrecogedor, sino a varios: ayuntamiento, comunidad autónoma, administración central, organismos con competencias específicas, etc., pues para abrir cualquier fábrica o centro comercial hacen falta un montón de autorizaciones, todas las cuales pueden estar sometidas “a peaje”.
¿Qué soluciones tiene esta situación dantesca? Yo me atrevo –la ignorancia es muy atrevida- a propugnar algunas:
1. Que se exima de responsabilidad penal al empresario que denuncie cualquier petición de soborno, o incluso que lo haya pagado previamente, para poder seguir adelante con su negocio o empresa.
2. Que se endurezcan las penas de prisión para los políticos o empleados públicos corruptos, inhabilitándoles para ocupar cargos o empleos públicos durante un montón de años, y fijando penas de prisión, de cumplimiento obligatorio, sin posibles suspensiones u otros beneficios penitenciarios.
3. Que se creen Juzgados contra la Corrupción, al menos uno por comunidad autónoma –y en las grandes varios-, como jurisdicción especializada, para tramitar todos estos asuntos con agilidad y especialización, no como ahora, que los imputados acaban muriendo, de muerte natural, antes de ser condenados, o en su caso, absueltos.
4. Que se prohíban las sentencias “de conformidad” en estos asuntos, estableciéndose legalmente la obligatoriedad de celebrar el juicio correspondiente, con vistas públicas, para que la sociedad a la que se ha perjudicado, pueda conocer los hechos enjuiciados.
5. Que se publiquen en el BOE todas las sentencias condenatorias firmes, o al menos un extracto de las mismas, para público conocimiento y desprestigio político o profesional del alto cargo o funcionario hallado culpable de alguno de estos delitos.
6. Que las penas deban cumplirse íntegramente, salvo que se proceda a la devolución de la totalidad o de una parte sustancial del dinero “untado”, en cuyo caso la prisión podría reducirse en atención a esta circunstancia, pero nunca la inhabilitación para ocupar cualquier cargo oficial.
Es posible que mis ideas sean quiméricas, y seguramente lo son, pero creo son efectivas y realistas. Ahora bien, nada de ello se hará, pues la PPPSOE o la PSOEPP están de corrupción hasta las cejas, y obviamente no van a tirar piedras a su propio tejado. Que serán tontos, pero no idiotas…
Se impone, pues, botarles y empezar a votar a cualquier otro partido, aunque ello dificulte la gobernación de España. A grandes males, grandes remedios.
El autor tiene mucha razón en lo que dice. El problema es que los principales partidos políticos no quieren combatir la corrupción, pues ellos son los principales corruptos…, por lo que el asunto no lleva camino de ser solucionado.
Las ideas y sugerencias del autor me parecen muy acertadas. El problema es que mientras sigamos viviendo en una dictadura de los partidos políticos mayoritarios, nada de esto se hará, pues no les interesa. Y la democracia española de democracia sólo tiene el nombre, pues aquí quienes mandan son los partidos… (y un poco los sindicatos).
La corrupción tiene mucho que ver con el mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Soy Abogado y veo con estupor, por no decir indignación, como los asuntos se eternizan: ahora mismo tengo puesta una querella que lleva MEDIO AÑO en el Juzgado correspondiente sin que el Juez haga absolutamente nada… O pleitos penales o civiles, normales y corrientes, sencillos, sin complicaciones, que tardan años y años en resolverse. Mientras esto siga así, y no lleva camino de resolverse, los delincuentes políticos campan a sus anchas, pues saben que todo el monte es orégano. Cualquier denuncia o querella tardará años y años en tramitarse, y cuando el asunto llegue a juicio ya se habrán enriquecido, o abandonado el cargo, por lo que habrán conseguido su objetivo, sin problema alguno. Es fundamental que estos asuntos se agilicen, y tal vez la mejor solución sería la que apunta don Ramiro Grau Morancho, ilustre compañero.
1.º. La corrupción en España es sistémica, forma parte de nuestra cultura.. Los funcionarios ayudan a «saltar» las leyes a sus amigos, al tiempo que perjudican a sus enemigos con esas mismas leyes. Y, por supuesto, si no pagas la mordida correspondiente, en forma de comisión, regalos, cenas, putas, o lo que se tercie, lo tienes claro…
2º. – Hay una total sensación de impunidad, que favorece el clima de corrupción generalizada que denuncia el artículo. Casi nadie va a la cárcel, y si va es para un par de semanas, hasta que la opinión pública se olvide del asunto. Los juicios tardan décadas en celebrarse, y caso de ser condenado el sistema judicial permite dilatar en el tiempo el ingreso en prisión mediante los sucesivos recursos a las Audiencias Provinciales, en su caso, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
3º. Y, por si fuera poco, los políticos condenados siempre pueden esperar un «generoso» indulto del Gobierno: hoy por ti, mañana por nosotros.
Gracias por los comentarios anteriores, todos muy acertados, al menos en mi opinión. Ahora solo falta que los políticos que dicen representarnos se pongan las pilas y busquen soluciones al problema, que amenaza con acabar con lo que queda de democracia y perspectivas económicas en España.. Pero la verdad es que dudo mucho de que los propios corruptores se decidan a acabar con la corrupción, de la que son los principales beneficiarios… Para empezar, habría que limitar al máximo los aforamientos, ya que está visto que lo único que garantizan es la impunidad y la inmunidad del aforado.