Las extorsiones de Hacienda

Y digo Hacienda para simplificar, aunque en realidad me refiero a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ese organismo tan inútil para aflorar las grandes bolsas de dinero negro, como sumamente eficaz para perseguir a los pequeños contribuyentes, sobre todo si tienen la suerte –o la desgracia- de cobrar una nómina.

Desde hace algunos meses, la AEAT la tiene tomada conmigo. Al parecer soy el culpable del déficit público, e incluso de la ruina de España. “Casualmente” –y no creo en las casualidades- todo empezó tras publicar varios artículos en prensa y diarios digitales criticando al señor Zapatero y al (des)gobierno del PSOE, que hemos tenido la desgracia de padecer durante casi ocho años, y que ha dejado lo que queda del país convertido en un solar…

Parece que “alguien” dio la orden de revisar con lupa todas mis declaraciones de la renta de los últimos cuatro años –plazo de prescripción-, y de repente empezaron a aflorar –supuestas- irregularidades que había cometido, según ellos. La técnica no es nueva; se cuenta que don Adolfo Suárez ya utilizaba la inspección fiscal cuando alguien le molestaba demasiado, y en lugar de acudir a los tribunales, por la vía civil o penal, incluso, prefería la más sutil de Hacienda para perseguir a sus enemigos, que no adversarios.

Por razones sentimentales, nunca he dejado de estar empadronado en mi pueblo natal, Laguarres, perteneciente al Ayuntamiento de Capella, en la provincia de Huesca, residencia que comparto con la ciudad de Zaragoza, donde llevo más de treinta años haciendo las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pues bien, comenzaron a llegarme notificaciones de la Agencia Tributaria, revisando mis declaraciones de la renta, de 2008 hasta la fecha, y encontrando diversos errores, de tanta gravedad como deducirme un hijo, cuando según sus “investigaciones” yo no lo mantenía, pues habían trasladado mi domicilio fiscal al pueblo –evidentemente de oficio, sin que yo lo pidiera, en modo alguno-, lo que les hacía suponer que estaba separado de mi santa señora, y que, por consiguiente, no contribuía al mantenimiento del niño. Hijo que ya tiene quince años, y que cada día me cuesta más dinero, pero que ha sido la mayor alegría que Dios me ha dado.

“Rápidamente” detectaron –con varios años de retraso- que en la declaración de 2008 no había incluido la totalidad de los ingresos percibidos del Ministerio de Justicia, como Fiscal Sustituto lo  que no es de extrañar, pues pagan con varios meses de retraso, habiendo declarado los ingresos certificados el citado año por la Habilitación Central de Personal.

Pero como Hacienda hace la ley, y además la interprete en su propio beneficio, se trata de ingresos devengados en dicho ejercicio, aunque no percibidos, no cobrados, para que se me entienda, y objeto de certificación –supongo- al año siguiente, sujetos además a las retenciones fiscales correspondientes, y que también aplican como les da la gana, pues no he visto una nómina con idéntica retención que la anterior.

Y todo esto a pesar de que hace años me limito a firmar el borrador de declaración que me envía la propia Agencia, -siendo  consciente de que todas las interpretaciones legales son en su propio beneficio-, para no tener que discutir con ellos, dando por buenos todos los datos que hacen constar. Pues ni por esas. Ni siquiera la Agencia Tributaria da por buenos los datos que ellos mismos me envían en el borrador de declaración, lo que ya es el colmo del despropósito. ¿Cómo podemos estar tranquilos cuando ni siquiera lo que saben de nosotros les parece suficiente…?

En resumen, que según la Agencia “el contribuyente no declaró las cantidades recibidas en concepto de atrasos de rendimientos de trabajo…”, lo que da lugar a un expediente sancionador, independientemente de la liquidación provisional correspondiente, con un 5% de recargo por intereses (aquí no opera la quita para cobrar que Hacienda “impone” a sus acreedores, si alguna vez quieren dejar de serlo), y comienza la extorsión fiscal propiamente dicha.

En efecto, la Agencia me ofrece una reducción del treinta por ciento de la sanción “siempre que esté conforme con la regularización de cuota e intereses de demora” –o aunque no lo esté, que finja estarlo-, siempre y cuando “no presente recurso o reclamación contra la misma”. ¡Viva el Estado de Derecho!.

Y me avisa de que si pago en periodo voluntario y estoy conforme con la sanción –o aparento estarlo-, se me hará una nueva reducción del veinticinco por ciento –sobre la cantidad previamente reducida en un treinta por ciento-, siempre y cuando “no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación que en su caso se hubiese efectuado ni contra la sanción”…

Tras hacer las alegaciones correspondientes, la Agencia, en contra de la normativa legal aplicable, no considera deducibles los gastos –obligatorios- de colegiación en el Ilustre Colegio de Abogados, por un importe máximo de quinientos euros, como establece la normativa aplicable, ni las cotizaciones abonadas a la seguridad social como trabajador autónomo, ya que he preferido estar en seguridad social que en la mutualidad de previsión social de la abogacía. Es decir, para ellos todo el monte es orégano: los ingresos son “limpios”, y no hay gastos deducibles. Quiero pensar que no se han molestado en leerse mi escrito, o es que el funcionario que lleva el asunto es tonto del haba.

Cuando el Ministerio de Justicia tardó cinco meses en abonarme la primera nómina, del 1 de septiembre  al 31 de enero del año siguiente, desde luego nadie me pagó los intereses de demora correspondientes, ni el Estado se sancionó por falta leve como pretenden hacerme a mí. Claro que es de agradecer, pues al fin y al cabo todo lo pagamos los contribuyentes, incluidas las meteduras de pata de la Agencia.

Huelga decir que dada mi condición de abogado, pero sobre todo de ciudadano, que no de súbdito, vasallo o borrego, voy a recurrir hasta el final todas y cada una de estas actuaciones -¿sancionadoras o represoras?- de la Gestapo, perdón, quiero decir de la Agencia Tributaria.

En fin, juristas somos y en los tribunales nos veremos.