Diputaciones provinciales, administraciones prescindibles
Ahora que tanto se habla de reducir el excesivo gasto público, habría que diferenciar, en primer lugar, entre gasto e inversión, pues resulta obvio que no es lo mismo alimentar a una caterva de funcionarios inútiles, que en muchas ocasiones justifican su existencia poniendo trabas al administrado y exigiendo papeleos sin fin, que invertir en mejorar las comunicaciones, en educación, servicios sociales, etc. Pues bien, el actual gobierno ha optado por suprimir las inversiones, paralizando la mejora de carreteras, ampliación del AVE, etc., mientras que sigue aumentando el número de funcionarios por ocupación, es decir, contratados laborales, digitalmente – a dedo -, paniaguados que apoyan al PP, al grito de “¡Rajoy, colócanos a todos!”.
Cuando nos levantamos por la mañana, además de dar gracias a Dios por estar vivos y tener salud, tenemos que pechar con la siguiente carga de administraciones sobre nuestras anchas y sufridas espaldas:
Ayuntamiento.
Comarca.
Diputación Provincial.
Gobierno autonómico.
Gobierno Central.
¿Qué sentido tienen ahora mismo en Aragón, en particular, y en España en general, las Diputaciones Provinciales? Creo que muy escasa. Y que los “ayuntamientos de ayuntamientos” serían perfectamente prescindibles, reduciendo así considerablemente los gastos públicos y el excesivo número de funcionarios, que podrían destinarse a los restantes ayuntamientos, comarcas, gobiernos regionales y administración central del Estado, en comisión de servicios… Por no hablar de posibles jubilaciones anticipadas, que siempre es más barato un jubilado que un funcionario en activo… (y además no necesita un despacho, calefacción, aire acondicionado, teléfono, ni gasta papel).
Como dice mi hijo, es preferible pagarle a un señor el paro que hacerle funcionario, pues resulta menos costoso de mantener, además del carácter temporal de la prestación.
En Cataluña se han inventado las veguerías que vienen a ser como supra comarcas, de tamaño inferior a las actuales diputaciones provinciales, pero superiores a las comarcas. Creo que hay siete, casi el doble que las actuales diputaciones provinciales. Y es que hay mucha gente que colocar y faltan administraciones donde darles un empleo, ya que no un trabajo, pues no se sabe muy bien para que sirven.
En resumen, se impone adelgazar nuestra gruesa administración, que constriñe a impuestos a los sufridos contribuyentes y ocupa ámbitos propios del sector privado. ¿O es que tiene mucho sentido que la más importante editorial de Aragón (al menos por el número de títulos publicados) sea la Institución Fernando el Católico, de la Diputación Provincial de Zaragoza?
Es verdad que hay unos artículos en la Constitución de 1978 que hablan de la existencia de las Diputaciones Provinciales, concretamente los núms. 141, 142 y 143. Pero ¿sería tan difícil reformar la Constitución, únicamente en este apartado, y suprimirlas? Cuando hubo que modificarla para permitir el voto en las elecciones locales a los ciudadanos de países miembros de la unión europea, por ejemplo, se hizo y no paso nada.
En resumen, como ya expuse en el “Curso de Derecho Aragonés” de la Universidad de Zaragoza, con grave disgusto de los compañeros funcionarios de las Diputaciones, propongo la repoblación del mundo rural, transfiriendo sus funcionarios a las comarcas, y evitando así, de paso, la contratación ex novo de más de dos personas por las 32 comarcas existentes, esas que según el inefable cacique señor Biel “no iban a costarnos ni un euro”, ya que se aprovecharían los recursos y medios existentes. ¡Pues menos mal!
Evidentemente estoy de acuerdo con la sobredimensionada Administración Pública, debería realizarse una distribución eficaz de competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para evitar duplicidades, despilfarro y burocracia inútil. En la actualidad se están delegando competencias sin límite, dejando al propio Estado vacio de ellas, creando diferencias notables entre las distintas CCAA, no promoviendo la igualdad de derechos del ciudadano como dice la Constitución. Que sobran las Diputaciones es evidente, pero la corrupción puede más que el sentido común.
Referente a la Admón. general del Estado, es dónde existen menor número de puestos políticos y la realidad es que no interesa políticamente, es mejor atacar al funcionario, comentando que sobran, menospreciar su trabajo, que suponen una lacra para la sociedad, etc. cuando lo que verdaderamente sobra es toda la infraestructura montada alrededor del Estado, empezando por mancomunidades, empresas privadas, que contribuyen a un mayor coste y a una mayor corrupción. La situación actual que vivimos lo pone de manifiesto.
Es bastante desalentador, tener que negociar Convenios-Acuerdos en una Administración Local, con políticos que desconocen la razón de la existencia del personal funcionario y por qué los empleados tienen un régimen jurídico distinto al resto de personas que trabajan en una empresa privada. En última instancia, el personal funcionario tiene que garantizar los intereses generales por encima de los particulares, incluso sobre los políticos. Pero los políticos corruptos exitosos electoralmente son aquellos que, cuando llegan al poder, no llegan solos, sino que son capaces de colonizar la administración pública a con los miembros de una red clientelar», «Colonizar una administración local o regional en España es relativamente sencillo, debido a la ausencia de unos grupos de funcionarios reclutados meritocráticamente y que actúen de contrapesos a los cargos electos».
En España, los políticos se encargaron de crear una imagen distorsionada del empleado público, pero esa prensa favorece que se hable de ello, se confunda a la ciudadanía y tener las manos libres para actuar según sus propios intereses. «Cada vez que hay una política de privatización y de cambio necesitas representar a la fuerza del trabajo de una forma determinada». No puedes movilizar a la gente contra los funcionarios si no creas una imagen distorsionada de ellos . Los empleados públicos son muy incómodos para los políticos porque son los únicos que se interponen en sus decisiones, y esa es precisamente su función.
El problema es que los políticos ya se han buscado estratagemas para saltarse esos controles. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Manipulando la información de forma fraudulenta, defendiendo lo indefendible, para que los resultados de las estadísticas amañadas salgan a favor del interés político. Sin lugar a dudas, sí es posible una ‘Administración Pública eficaz y eficiente’, pero cuando se muestran datos sobre ello, se manipula la información de forma fraudulenta, incluso promoviendo el Mobbing al funcionario eficaz y eficiente, que es el que realmente está ejerciendo su labor mirando por el interés de la Administración Pública, velando por los intereses generales por encima de los particulares, incluso sobre los políticos.
En la actualidad podemos vivir cada día un nuevo caso de corrupción y de irregularidades que ponen de manifiesto una desorganización sin límites en todos los niveles de la Admón, debida principalmente a la excesiva delegación de competencias del propio Estado hacia las CCAA, Ayuntamientos, etc., pero es evidente como se ha mencionado con anterioridad que la corrupción puede más que el sentido común.
La situación de crisis actual obliga a una revisión de la Administración pública a todos los niveles, sin duplicidades de competencias, gastos innecesarios, etc. haciendo una administración eficaz, austera centralizando las principales competencias en el Estado, lo que supone un ahorro importante no sólo en infraestructuras, medios, edificios, profesionalidad, personal, etc. sino también en un ahorro de número de Diputados, concejales, etc. y una disminución de sus incontables privilegios, siendo una de las razones de peso que nos ha llevado a la situación actual.
Estos datos revelan signos de corrupción de todos los partidos políticos, no se salva ni uno, PSOE, IU, etc. pero realmente lo inadmisible es la intención del PP, de la privatización de todo lo que se llame ‘PÚBLICO’, – ¡Se les ha visto el plumero! – ¡La primera intención es la válida!. en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos y de la propia Administración Pública, aumentando el grado de corrupción en la está envuelta España, queriendo monopolizar el poder para sus propios intereses partidistas y particulares.
Acabo de leer su extenso y concienzudo comentario, y no puedo menos que decirle que estoy totalmente de acuerdo con su contenido.
Creo que aportaciones como la suya enriquecen este blog.