Tasas judiciales y silencio administrativo

Confieso que soy un firme defensor de las tasas judiciales. Pero no de estas, sino de unas más moderadas, de cuantía más reducida, que disuadan de litigar a tanto querulante como anda suelto por ahí. Yo mismo soy uno de ellos…

Reconozco que tener que pagar por pleitear únicamente supone un problema para quienes disponen de menos medios económicos, pero precisamente para eso está el beneficio de la Justicia Gratuita, del que tanto se usa y abusa –también- en nuestro país, antes llamado España.

Pero lo que realmente me parece una gran injusticia es obligar a pagar tasa judicial alguna a aquellos ciudadanos que se ven obligados a litigar tras haber obtenido la callada por respuesta, es decir, el silencio administrativo del organismo público correspondiente. Silencio administrativo que va en aumento. Yo mismo soy victima del mismo en diversas reclamaciones previas a la vía judicial interpuestas contra el Ministerio de Justicia -¿o debería decir de Injusticia?- que con tanta mano izquierda regenta el señor Gallardón. Y lo de la mano izquierda lo digo con segundas, pues a veces no se si es de los míos o si yo no soy de los suyos.

¿Cómo puede obligarse a pagar una tasa, por pequeña que fuere, a un contribuyente a quien la administración no se ha dignado contestar nada a su pretensión, planteada en vía administrativa? Es realmente kafkiano, aunque lo que me extraña es que aquí no hayan salido escritores similares. Bien pensado, si los hemos tenido, lo que pasa es que están en el olvido, gracias a la Lode, la Logse y demás leyes socialistas para fomentar la incultura general: Mariano José de Lara, por ejemplo.

La penalización mínima que podría imponerse a la administración que no quiere contestar a la pretensión del ciudadano sería muy sencilla: cargarle el coste del pleito, de forma que en el presupuesto de ingresos del organismo se detrajese el coste de todos y cada uno de los pleitos presentados contra su inactividad administrativa. Es posible que así se tomasen más interés, aunque seguiríamos pagando el pato todos los paganos, es decir, los contribuyentes.

Posiblemente sería mejor que la tasa se le cobrase, en forma de deducción salarial, al político o funcionario al que se dirigía la reclamación administrativa correspondiente. No dudo de que contestarían rápidamente. En cuanto nos tocan los euros, todos somos de derechas (y los que más, la pseudoprogresía socialista).

Pero tranquilos, que nada de esto se hará. Seguiremos teniendo la callada por respuesta. Y obligados a pagar tasas judiciales –además del sueldo, trienios y complementos por alta responsabilidad y dedicación exclusiva- a déspotas, arribistas e incompetentes que han sido nombrados por sus afinidades políticas, no por sus cualidades profesionales, de las que una buena parte de los mismos notoriamente carecen.